Veintisiete años de monitorización, más de 17.512 lances de artes de enmalle observados y ni una sola marsopa capturada. Con esos datos sobre la mesa, la Consellería do Mar ha presentado alegaciones formales ante la Secretaría General de Pesca para exigir la retirada «inmediata» del borrador que obligaría a instalar dispositivos acústicos de disuasión en la flota del Cantábrico y Noroeste. La Xunta sostiene que la medida del Ministerio carece de sustento técnico y que ignora la evidencia recogida por sus propios observadores a bordo desde 1999.
Una propuesta que choca con los datos de campo
El equipo científico embarcado por la Administración autonómica ha registrado durante casi tres décadas la actividad de los barcos de artes menores y volanta sin contabilizar ni un solo caso de captura accidental de marsopa común. Los únicos dos eventos aislados en todo ese período correspondieron a ejemplares de delfín mular. A nadie se le escapa que la cifra desmonta el argumento principal del plan estatal.
La medida que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende implantar afectaría de lleno a los buques que faenan con enmalle y volanta en el caladero Cantábrico Noroeste. El Gobierno gallego sostiene que ambas propuestas «carecen de una motivación técnica mínimamente sólida» e «ignoran los datos reales del impacto de estas actividades». No es menor el dato: el informe técnico remitido por la Dirección Xeral de Pesca se apoya en los registros históricos obtenidos por el propio sistema de observación a bordo de la Xunta, operativo desde 1999.
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Ver en Hotels.com → PublicidadLa Consellería do Mar calificó de «inadmisible» que el Ministerio se base en una supuesta ‘área crítica’ de 789.953 hectáreas —desde la línea de costa hasta los 200 metros de profundidad entre el río Miño y el Cabo Prior— «sin aportar ninguna representación cartográfica, ninguna justificación técnica ni el preceptivo instrumento jurídico de aprobación». Demasiado tiempo esperando un plan que, según la Xunta, caducó a finales de 2023.
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Conviene recordar que la relación entre la flota gallega y las marsopas siempre ha sido discreta. Durante los últimos 27 años, los observadores a bordo han documentado la actividad pesquera sin encontrar evidencias de capturas de este pequeño cetáceo. Eso contrasta con la urgencia regulatoria que el Gobierno central ha querido imprimir al proyecto, basado en un supuesto riesgo que los datos autonómicos desmienten.
No es la primera vez que la Xunta critica lo que considera imposiciones unilaterales desde Madrid. El Plan de Recuperación de la marsopa en España caducó a finales de 2023, y la Administración gallega denuncia que el Ministerio ha «limitado de manera deliberada» la capacidad de participación y audiencia del sector y de las comunidades autónomas en las dos normativas. Basta con mirar el calendario: el borrador de resolución se ha presentado sin el preceptivo instrumento jurídico de aprobación.
Proyectos piloto como alternativa
El Ejecutivo gallego no se limita a rechazar el plan. Exige que cualquier estrategia futura se diseñe sobre proyectos piloto reales que analicen previamente el rendimiento pesquero y la protección ambiental «con rigor científico y no a golpe de imposiciones». Ahí está la clave: la Xunta reclama tiempo y pruebas antes de obligar a la flota a instalar unos dispositivos que, según su experiencia, no serían necesarios.
Fuentes del sector pesquero consultadas por Galicia Universal muestran su preocupación por el impacto económico que supondría la obligatoriedad de los ‘pingers’. Los armadores consideran la medida desproporcionada y advierten de que podría poner en riesgo la viabilidad de muchas embarcaciones de pequeño tamaño, las más numerosas en la costa gallega. Un responsable del sector lo resumía así: «Prime
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