Lugo desbloquea la rehabilitación de A Milagrosa y Feijoo tras años de parálisis

Un expediente que se resiste al olvido

Durante años, los vecinos de A Milagrosa y el barrio Feijoo han visto cómo sus calles y edificios envejecían mientras las administraciones prometían una transformación que nunca terminaba de cuajar. La decisión adoptada esta semana por la junta de gobierno local representa, sobre todo, el intento más firme de romper un atasco administrativo que se ha prolongado durante aproximadamente un decenio. No es un punto de llegada, sino el pistoletazo de salida para un proceso que deberá superar aún varios filtros burocráticos y, sobre todo, recuperar la confianza de una ciudadanía que ha visto cómo el tiempo pasaba sin que su vivienda mejorase de manera sustancial.

El paso dado por el Concello autorizando la declaración formal del Área de Rehabilitación Integral (ARI) activa la maquinaria para captar fondos destinados a la regeneración urbana de la zona norte de la ciudad. La lentitud con la que se ha llegado hasta aquí genera, inevitablemente, un escepticismo comprensible entre los residentes, que han visto cómo el expediente dormía en los cajones municipales durante largas temporadas. Ahora, con el horizonte despejado, la pelota está en el tejado de la administración autonómica.

Ayudas de hasta 50.500 euros por vivienda

El montante total al que se aspira alcanza los 13,6 millones de euros, una cifra que en el contexto de la rehabilitación urbana gallega tiene un peso simbólico y práctico considerable. La Consellería de Vivenda, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), deberá ahora validar la delimitación de este perímetro para que las ayudas comiencen a fluir de manera efectiva. La documentación remitida por el Concello dibuja un horizonte de inversión que se extiende hasta el año 2030. Un plazo amplio que, lejos de ser un lujo, refleja la complejidad de intervenir en tejidos urbanos con décadas de degradación y una elevada tasa de infravivienda.

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El grueso de los fondos se destinará a los propietarios de aproximadamente 300 viviendas, lo que supone casi un 12% del parque inmobiliario de la zona. Estas familias podrían recibir ayudas que oscilan entre los 34.000 y los 50.500 euros por inmueble para sufragar obras de mejora estructural, eficiencia energética y accesibilidad. Se trata de una cuantía que, según los baremos habituales de la Xunta, cubre un porcentaje elevado de la intervención, aunque dependerá del grado de deterioro de cada edificio y de la capacidad de las comunidades de vecinos para impulsar los proyectos. La burocracia necesaria para acceder a estas subvenciones es un desafío conocido en Galicia, y el éxito del plan dependerá en gran medida de que el Concello despliegue una oficina de acompañamiento técnico que guíe a los propietarios en la maraña de licencias y proyectos.

El espectro de la parálisis política

La aprobación del lunes lleva implícita una lectura política que trasciende el mero papeleo. El gobierno local actual ha señalado con claridad que el proceso estuvo paralizado durante la anterior corporación municipal. Las críticas apuntan a que la solicitud original, cursada allá por 2015, no recibió el impulso necesario, calificando la situación de bloqueo injustificado. Este cruce de acusaciones sitúa la rehabilitación de estos barrios como un espejo de la gestión política, más que como una mera necesidad técnica.

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