El TSXG confirma la suspensión de dos años a un médico del CHUS por derivar pacientes de la pública a su consulta privada

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la sanción de suspensión impuesta a un especialista en otorrinolaringología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. El motivo: atendió en su consulta privada a pacientes que previamente había tratado en la sanidad pública, y por las mismas patologías. Una práctica que la Consellería de Sanidade considera infracción muy grave en materia de incompatibilidades.

Los hechos que motivaron la sanción

Conviene recordar que la legislación gallega permite a los profesionales del sistema público de salud ejercer también en el ámbito privado, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Entre ellos, uno esencial: no atender de manera privada a aquellos pacientes que tienen a su cargo en la red pública. Precisamente eso es lo que vulneró el facultativo del CHUS sancionado.

A nadie se le escapa la gravedad del asunto. No se trataba únicamente de tener dos consultas abiertas. El problema surgió cuando el especialista coincidió en su gabinete privado con personas que ya atendía en el hospital compostelano, e incluso les realizó pruebas y prescribió vacunas que correspondían al ámbito de la sanidad pública. Es decir, se mezclaron los dos circuitos de manera inadmisible.

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Difícil entenderlo de otro modo: el paciente acude a la consulta particular y, en lugar de recibir una atención completamente separada, se encuentra con que se le aplican procedimientos propios del sistema público. La frontera que debería separar ambos espacios quedó difuminada o, directamente, borrada.

El recorrido judicial del caso

No fue la primera vez que los tribunales se pronunciaron sobre este asunto. Antes de llegar al alto tribunal gallego, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de Compostela ya había confirmado la sanción dictada por la Consellería de Sanidade. El facultativo recurrió entonces ante el TSXG, que ahora respalda íntegramente la decisión anterior.

El fallo es firme en un aspecto relevante: el profesional tenía reconocida oficialmente la compatibilidad para ejercer la actividad privada. No se le prohibía tener consulta fuera del hospital. Lo que la sanción castiga es el uso indebido de esa compatibilidad, el cruce de líneas entre lo público y lo privado que la normativa prohíbe de forma expresa.

Dos años de suspensión. La cifra habla por sí sola. Nos encontramos ante una de las sanciones más severas que contempla el régimen disciplinario de la función pública gallega en materia de incompatibilidades, lo que da una medida de la gravedad con la que las administraciones sanitarias valoran este tipo de conductas.

El marco legal de las incompatibilidades en la sanidad gallega

Basta con repasar la normativa autonómica para entender dónde radica el problema. Los profesionales que trabajan en Sergas pueden compatibilizar su actividad pública con el ejercicio privado, pero bajo condiciones muy estrictas. La principal es precisamente la que se vulneró en este caso: la prohibición de atender en privado a pacientes que tienen asignados en la red pública.

La razón de esta limitación es evidente. Quien acude a un hospital público lo hace, en muchos casos, porque no tiene otra opción. Confía en que el profesional que le atiende actuará con total independencia y solo le recomendará tratamientos o pruebas adicionales en el ámbito privado si fuera estrictamente necesario. Cuando esa confianza se rompe, el daño al sistema es difícil de reparar.

No parece casualidad que la consellería optara por imponer una sanción tan contundente. El mensaje que se transmite es claro: la compatibilidad entre lo público y lo privado no es un salvoconducto para mezclar ambos mundos. Hay reglas, y deben cumplirse.

El impacto en la confianza ciudadana

Más allá del caso concreto, lo cierto es que situaciones como esta erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema.