El Supremo tumba el recurso del Concello de Ourense sobre el cese del interventor

El Tribunal Supremo ha vuelto a cerrar una puerta al equipo de gobierno de la ciudad de Las Burgas. La institución municipal ve cómo su estrategia judicial se desinfla tras la inadmisión del recurso de casación relacionado con la destitución de la persona que ocupaba la intervención local. Lejos de asumir la derrota legal, la actual corporación insistirá ahora en llevar esta disputa hasta el Tribunal Constitucional en una batalla que ya se antoja eterna.

Un giro procesal que complica al equipo de gobierno

Conociendo los entresijos de la justicia administrativa española, no sorprende que el litigio haya durado tanto. A nadie se le escapa que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha decidido no admitir a trámite la queja presentada por los servicios jurídicos del Concello. ¿El motivo esgrimido por los magistrados para lavarse las manos del asunto? Sencillamente, consideran que el caso no aporta el interés legal necesario como para generar doctrina jurisprudencial.

Anteriormente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya había dictaminado la nulidad de este cese. Conviene recordar que el tribunal gallego, con sede en A Coruña, había analizado con lupa la potestad de la Administración local para apartar a un cargo de estas características de sus funciones. Al negarse a revisar el fondo del asunto, el Supremo da por válidas y firmes las conclusiones previas de la justicia autonómica. Demasiado tiempo perdido en estrategia.

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El blindaje de un puesto clave en las arcas públicas

El papel del interventor general no es un mero trámite burocrático. Hablamos del máximo responsable de fiscalizar cada euro que entra y sale de las arcas del edificio consistorial. Desde la Plaza Mayor ourensana hasta el último barrio periférico, cualquier contrato, licitación o gasto corriente pasa por el filtro de este departamento. Por eso, cuando un gobierno municipal decide cesar a esta figura de forma unilateral, las alarmas saltan en todo el panorama institucional.

Quien controla el ritmo del gasto público, controla en gran medida el pulso político de una ciudad. La justicia es especialmente celosa a la hora de garantizar la independencia técnica de estos funcionarios. Basta con mirar lo sucedido en otras corporaciones de la comarca para entender la magnitud del problema. No es menor el dato de que los tribunales suelan poner freno a los intentos de remover a los responsables de control financiero sin causas plenamente justificadas. La ley ampara la autonomía de la función pública frente a los cambios de signo político.

De lo contencioso al encaje de bolillos constitucional

Con el rechazo del Supremo sobre la mesa, al equipo de gobierno no le queda más margen de maniobra que acudir a la última instancia judicial disponible en el país. Llevar un expediente de esta naturaleza ante el Tribunal Constitucional responde a un intento de demostrar que se han podido vulnerar derechos fundamentales durante el proceso administrativo. Sin embargo, las posibilidades de éxito se reducen drásticamente en esta fase.

Ver a la persona afectada recuperando su despacho en la Casa do Concello es ya una imagen habitual en los pasillos municipales. La presencia de este cargo técnico en los plenos, sentado a escasos metros del regidor, simboliza el profundo desencuentro entre el poder político y la legalidad vigente. Mientras tanto, la oposición local no perdona la oportunidad de señalar el desgaste acumulado. El coste institucional es elevado. La cifra de recursos legales acumulados en este frente habla por sí sola.

El coste de una estrategia que se dilata en el tiempo

Difícil resulta entender la gestión diaria de un ayuntamiento con este tipo de frentes judiciales permanentemente abiertos. Un recurso de amparo no es un trámite ágil. Requiere meses, cuando no años, de instrucción, presentación de alegaciones y esperas en las bases jurídicas madrileñas.

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