Pocas veces una visita a la playa de Lóngara esconde tanto conflicto. El Concello de Barreiros prepara el derribo de seis chalés catalogados como ilegales, un proyecto ejecutivo que arrancará en otoño y que ha desatado la frustración de sus propietarios. Cinco de esas viviendas están hoy plenamente habitadas, mientras que la sexta dejó de construirse por el temor de sus dueños a un desenlace judicial adverso que finalmente se ha materializado. La cifra habla por sí sola: los afectados estiman que exigirán al ayuntamiento una indemnización que rondará los tres millones de euros.
La paradoja de tener todos los papeles en regla
Quien escuche la versión de los afectados descubrirá un laberinto burocrático de difícil comprensión. Uno de los propietarios explica la situación con estupor, asegurando que ellos cumplieron cada paso administrativo exigido por la ley. Tienen en su poder permisos de obra, licencias de primera ocupación y las viviendas están perfectamente escrituradas en el registro y formalizadas en notaría. Demasiado tiempo han vivido con la absoluta tranquilidad de haber hecho las cosas según las reglas del juego marcadas por las administraciones, hasta que una denuncia de la asociación ecologista Aplu rompió esa falsa paz.
Lo cierto es que el origen del desastre urbanístico no radica en la construcción de las casas en sí, sino en un eslabón muy anterior de la cadena. La denuncia ecológica atacó la segregación original de la finca matriz, un trámite previo a la compra de los solares. Esa decisión judicial tuvo un efecto dominó imparable que dejó las nuevas viviendas, de repente y pese a contar con todas las licencias municipales, fuera de la legalidad. No parece casualidad que los afectados se sientan ahora mismo las víctimas principales de un sistema que primero da luz verde con todos los sellos oficiales y luego exige derribar el fruto de esa inversión.
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Ver en Hotels.com → PublicidadEl peso de la inacción política en A Mariña
A nadie se le escapa que en el urbanismo gallego el tiempo juega casi siempre en contra del ciudadano. Los propietarios afectados recuerdan perfectamente cómo el anterior equipo de gobierno municipal les aseguraba que todo aquel embrollo tenía una salida sencilla. Bastaba con aprobar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) o, en su defecto, sacar adelante unas normas subsidiarias que regularizaran la zona. Incluso con una simple aprobación inicial del plan, el problema podría haberse congelado. Pero la voluntad política de aquel entonces no se tradujo en firmas, y aquel plan nunca llegó a aprobarse.
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Ver planes de email →Conviene recordar que la actual regidora local también tuvo que lidiar con este expediente explosivo a su llegada al cargo. Aunque mantuvo numerosas reuniones con los propietarios y aceleró la redacción de un nuevo plan urbanístico para el municipio, el reloj de los tribunales corrió mucho más rápido que la maquinaria burocrática local. Desde el gobierno actual apuntan a una realidad tozuda y definitiva: dudan profundamente de que cualquier plan urbanístico pudiera salvar de la piqueta a unas viviendas que ya cargan con una sentencia judicial firme de demolición sobre sus techos.
Una factura millonaria para las arcas públicas
Difícil será encajar el golpe económico que se avecina. Los afectados ya han puesto en marcha la maquinaria legal, presentando una primera reclamación directa ante el Concello, a la que seguirá inevitablemente la vía judicial contencioso-administrativa. Estiman que el perjuicio acumulado, tras años de inversiones e ilusiones truncadas, ascenderá a unos tres millones de euros. Haciendo números simples, hablamos de una media de medio millón de euros por cada vivienda. Un desembolso tremendo para las arcas de un ayuntamiento de la comarca de A Mariña.
Frente a este desolador panorama, la primera autoridad municipal se ha mostrado tajante, asumiendo que no le queda otra alternativa posible ni resquicio legal para evitar la orden.
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