Los propietarios de los seis chalés de Lóngara, en la costa de Barreiros, han comunicado al Concello que no permitirán el acceso a sus parcelas para ejecutar los derribos. Solo abrirán las puertas, avisan, si quien llega lo hace con una orden judicial. La demolición fue licitada por el Ayuntamiento en ejecución de una sentencia firme que data de 2012, según adelantó La Voz de Galicia.
Una sentencia firme desde hace más de una década
Pocos litigios urbanísticos de la Mariña baixemares habían llegado tan lejos sin llegar a ejecutarse. La resolución judicial que ordena tirar abajo las viviendas adquirió firmeza en 2012, pero las casas siguen en pie sobre el litoral de Lóngara, una de las zonas costeras más valoradas del concello.
El Ayuntamiento dio un paso decisivo al sacar a licitación las obras de demolición. Era el trámite con el que la administración municipal pretendía cumplir lo dictado por los tribunales después de años de demoras. La respuesta de los dueños no se hizo esperar: el acceso a las propiedades está vetado salvo que medie mandato judicial.
Los propietarios buscan vías para frenar el derribo
Negar la entrada no es la única carta que barajan. Quienes poseen los chalés exploran de forma paralela otras vías legales para tratar de paralizar una sentencia que, sobre el papel, ya no admite discusión. La estrategia combina, pues, la resistencia física en el terreno con la búsqueda de resquicios jurídicos en los despachos.
El escollo es evidente: una resolución firme se cumple, y la negativa de los propietarios obliga probablemente al Ayuntamiento a acudir de nuevo a la vía judicial para poder materializar los derribos. Ese trámite adicional supone más tiempo, más costes y más incertidumbre para unas parcelas que llevan más de una década en el centro de la polémica.
Lóngara, un frente urbanístico abierto desde hace años
La historia de estos seis chalés se ha convertido en un símbolo de los conflictos urbanísticos del litoral gallego. Construcciones levantadas en suelo protegido, sentencias que confirman su ilegalidad y una ejecución que se resiste a llegar conforman un guion conocido en otros puntos de la costa, pero que en Barreiros concentra todas las tensiones en un solo paraje.
El caso plantea además una pregunta incómoda sobre la eficacia de la administración. Si una sentencia firme de 2012 sigue sin cumplirse catorce años después, ¿cuánto más puede alargarse la espera cuando ni siquiera está garantizado el acceso a las fincas? El Concello deberá decidir si solicita el apoyo judicial para forzar la entrada o si opta por una nueva vía de negociación con los dueños.
Mientras tanto, Lóngara permanece igual que ayer: seis casas frente al mar, una orden de derribo antigua y una disputa que parece lejos de su capítulo final. Lo que ocurra en los próximos meses dirá mucho sobre la capacidad real de las instituciones para hacer cumplir la ley en el litoral. ¿Cuántas sentencias más deben envejecer antes de ejecutarse?
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