La AP-9 a Galicia: un traspaso histórico que llega con sombras y sin el respaldo de la Xunta

El Gobierno central ha dado un paso que parecía imposible: ha puesto sobre la mesa la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) a la comunidad gallega. La decisión, adelantada por La Voz de Galicia, supone un giro de guion en una reivindicación que ha marcado la política autonómica durante décadas. Pero el anuncio, lejos de generar un clamor unánime, ha abierto una brecha. La Xunta denuncia que la transferencia se produce sin garantías económicas claras y, lo que es más grave, ignorando el acuerdo unánime del Parlamento gallego. Galicia recibe la pelota, pero el tejado está lleno de goteras.

Una demanda histórica, un final agridulce

Pocas reclamaciones han concitado tanto consenso en Galicia como la necesidad de que la AP-9 pase a ser gestionada desde Santiago. Durante años, todos los partidos con representación en la Cámara gallega han coincidido en que el peaje de la autopista, que conecta Ferrol con la frontera portuguesa, es una losa para la economía y la movilidad de los gallegos. La sensación de agravio comparativo con otras comunidades donde autovías similares son gratuitas ha alimentado un clamor popular que, en teoría, hoy ve la luz al final del túnel.

Sin embargo, la alegría no ha llegado a la sede de la Xunta. El Ejecutivo que preside Alfonso Rueda ha recibido la oferta con escepticismo. No es menor el dato de que la transferencia se plantea sin que estén definidas las condiciones económicas. ¿Quién asumirá la deuda de la concesionaria? ¿Qué pasará con los peajes existentes? ¿Se mantendrá el modelo actual o se avanzará hacia la gratuidad? Son preguntas que, a día de hoy, no tienen respuesta. Y sin ellas, el traspaso parece más un brindis al sol que una solución real.

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El consenso roto y la sombra de la confrontación

Lo cierto es que la decisión del Gobierno central ha roto la unidad de acción que hasta ahora exhibía Galicia en este asunto. El Parlamento gallego había aprobado por unanimidad una resolución que exigía condiciones muy concretas para cualquier transferencia. Entre ellas, la garantía de que la AP-9 no supusiera un coste adicional para las arcas autonómicas y que se avanzara hacia la eliminación de los peajes. El anuncio de Moncloa, según la Xunta, obvia ese mandato.

Ahí está la clave del conflicto. La Xunta se siente ante un hecho consumado, con la presión de tener que negociar en una comisión mixta de transferencias sin un marco claro. Demasiado tiempo esperando este momento como para que ahora se convierta en un problema añadido. La oposición, por su parte, acusa al Gobierno gallego de poner trabas a una reivindicación histórica. El ambiente, lejos de ser de celebración, huele a confrontación política.

La comisión mixta, el escenario de la batalla

El siguiente paso está en manos de la comisión mixta de transferencias, ese órgano bilateral donde Estado y Comunidad Autónoma negocian el traspaso de competencias. Allí se decidirá si la oferta del Gobierno central es aceptable o si, por el contrario, se convierte en un nuevo motivo de disputa. La Xunta ya ha dejado claro que no firmará un cheque en blanco. Exige que se detallen las partidas económicas, el calendario de aplicación y, sobre todo, el compromiso de que los gallegos no paguen más de lo que ya pagan.

No será una negociación sencilla. La AP-9 no es una carretera cualquiera. Es una infraestructura clave para la economía gallega, con un tráfico denso y una concesión que aún tiene años por delante. Cualquier decisión sobre su futuro tiene implicaciones jurídicas, financieras y sociales de enorme calado. La pelota está ahora en el tejado de la Xunta, pero el partido se juega en un campo lleno de incertidumbres.

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