Morir en agosto a las puertas de un centro de salud: la sanidad en modo mínimo

Un joven de 29 años ha muerto a las puertas del centro de salud de Illas Canarias, en Lugo. No murió en la calle por falta de auxilio: murió ante la puerta cerrada del dispositivo público que existe precisamente para evitar que la gente muera. La diferencia entre una puerta abierta y una puerta cerrada fue, probablemente, la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa puerta estaba cerrada porque en agosto la sanidad pública gallega funciona en modo mínimo.

El caso es todavía más escalofriante por la edad de la víctima. 29 años. No es un anciano frágil ni un paciente crónico. Cuando alguien tan joven muere, las preguntas son inevitables: ¿habría sobrevivido con atención inmediata? ¿Un centro de salud operativo 24 horas habría cambiado el desenlace? No lo sabremos nunca con certeza. Pero la duda misma ya es una condena del sistema.

El episodio no es un caso aislado. Estas mismas semanas hemos visto el centro de salud de Ponte Sampaio sin abrir, con vecinos desesperados esperando atención que no llegaba. La playa de A Punta, en Vigo, lleva vetada al baño tras una segunda analítica que no aclara nada: la ciudad sin respuesta sanitaria ni administrativa. Y la agresión a dos niños en Pontevedra cumple quince días sin respuesta institucional. El patrón es el mismo: en verano, la administración se vacía, los servicios se reducen y los ciudadanos quedan desprotegidos.

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La excusa es conocida: en agosto hay menos profesionales, más vacaciones y menos recursos. Pero la población no desaparece en agosto. De hecho, en muchas zonas gallegas aumenta: turismo, veraneantes, retornados. La costa gallega multiplica su población justo cuando la sanidad pública la reduce. Es una contradicción absurda que repetimos cada año como si fuera una ley natural. No lo es: es una decisión política y organizativa.

El modelo de urgencias de atención primaria —los famosos PAC y puntos de atención continuada— fue diseñado para cubrir estos huecos. Pero años de recortes, falta de sustituciones y desfinanciamiento han dejado el sistema al mínimo. Cerrar un punto de atención o no cubrir una guardia no ahorra dinero: lo traslada. Lo traslada a los hospitales, que reciben lo que la primaria no puede atender. Lo traslada a las familias, que asumen el desplazamiento a otra ciudad. Y a veces, como en Lugo, lo traslada a una vida.

Hace falta un pacto de estado sanitario en toda regla, pero también decisiones gallegas concretas. Cobertura garantizada de todas las guardias de agosto, con incentivos reales para los profesionales que las asumen. Un mapa de urgencias de verano que acompañe el mapa real de población, no el del padrón. Y transparencia: cuando algo falla, explicarlo sin eufemismos. La familia del joven de Lugo merece saber exactamente qué pasó, qué recursos había disponibles y qué se hizo. La opacidad administrativa es la segunda agresión que sufren las víctimas.

Hay quien dirá que una muerte no hace verano estadístico, que el sistema salva miles de vidas cada día. Es verdad. Pero la sanidad pública no se mide solo por sus éxitos rutinarios: se mide por su capacidad de respuesta en el peor momento, en el día más tonto, en la puerta que nadie esperaba tener que llamar. Ese es el estándar de un país civilizado.

Morir a las puertas de un centro de salud no es mala suerte. Es el retrato de un sistema que en agosto deja de serlo. Que no se repita no es suficiente: hay que garantizar que no pueda repetirse.

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