Quince años de abusos encadenados. Diez mil euros de indemnización. La Xunta pagará a una sanitaria gallega esa cantidad como reparación por más de una década de acoso laboral que la justicia tardó años en reconocer. Hagan la cuenta con nosotros: son menos de dos euros al día por cada jornada de sufrimiento. Ninguna cantidad devuelve una vida rota, pero hay cifras que funcionan como un segundo insulto. Esta es una de ellas.
El caso merece detenerse porque no es una anécdota: es el retrato de cómo el sistema procesal y administrativo gallego trata a quienes denunciaron acoso cuando denunciar era tabú. Esta mujer sostuvo su palabra durante años contra un entorno que la señalaba, contra trámites que la desgastaban y contra la inercia de una administración que se defendió de ella con los recursos que pagamos todos. Cuando por fin la sentencia llegó, la reparación económica se calculó con la varilla pequeña: la que mide lo que cuesta el papeleo, no lo que cuesta la persona.
Digámoslo claro: diez mil euros no son una indemnización, son una propina institucional. En términos de salario sanitario, equivalen a unos pocos meses de nómina. En términos de daño, no cubren ni la terapia que necesita quien ha vivido quince años de maltrato psicológico, ni la carrera profesional truncada, ni los años de exclusión, ni el daño a la salud que este tipo de acoso produce y que la medicina mide con precisión: ansiedad crónica, depresión, enfermedades cardiovasculares. La literatura científica es contundente: el acoso laboral destruye vidas con la misma eficacia con que destruye carreras.
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Conoce más →El problema no es solo la cifra: es el mensaje. Cuando la administración pública repara el daño con cantidades testimoniales, dice a todas las víctimas potenciales que denunciar no compensa. Que el precio de romper el silencio serán años de juicio y una propina al final del túnel. Ese mensaje protege a los acosadores, no a las víctimas. Y en un sistema sanitario donde el maltrato entre profesionales sigue siendo estructural —los protocolos existen, la prevención brilla por su ausencia—, esa señal es veneno puro.
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Hosting WordPress →Hay una dimensión adicional que incomoda: el dinero sale de la misma caja pública que financió la defensa jurídica contra la víctima. El contribuyente gallego pagó, durante años, que la Xunta se enfrentara en los tribunales a una trabajadora que decía la verdad. Y ahora paga la reparación. En ningún momento del proceso alguien con autoridad paró la maquinaria y preguntó si tenía sentido litigar contra una persona que había sufrido acoso en nuestros hospitales y centros de salud. Esa falta de juicio político es tan grave como la cifra.
Lo que debería ocurrir ahora es tan evidente que da apuro escribirlo: revisar la cuantía con criterios de daño real, activar de una vez los protocolos de prevención con inspección efectiva, y marcar una regla interna en la Administración gallega: no litigar contra víctimas de acoso reconocido salvo razón imperiosa, porque el poder público no necesita aplastar, necesita dar ejemplo.
Quince años para llegar a menos de dos euros al día. Esa es la velocidad y el precio de la justicia tardía en Galicia. Si de verdad nos escandaliza, la próxima víctima no debería tener que esperar quince años para comprobarlo.
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