La Audiencia de Pontevedra confirma trabajos comunitarios para una mujer que agredió a su expareja en Poio

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado una sentencia dictada por el Tribunal de Instancia 4 de A Parda que impone trabajos comunitarios a una mujer por agredir físicamente a su expareja en las inmediaciones de un bar del entorno de A Barca, en el concello de Poio. Los hechos se remontan a noviembre de 2023, cuando la condenada se personó en el establecimiento de hostelería donde trabajaba la víctima y le sujetó con fuerza por los genitales mientras profirió amenazas.

Una agresión con visos de excepción estadística

Conviene recordar que el grueso de la violencia en el ámbito de pareja sigue patrones bien distintos. La propia resolución judicial destaca que en el 99 por ciento de los casos las agresiones se producen con los hombres como autores y las mujeres como víctimas. Pero la estadística no exime a nadie de responsabilidad penal. Y ahí está la clave de este fallo.

Difícil resulta ignorar la naturaleza de la agresión. Según recoge el dictamen, la mujer acudió al establecimiento de hostelería en el que trabajaba su expareja, situado en el término municipal de Poio. El hombre se encontraba en el exterior del local en un momento indeterminado de aquel noviembre de 2023. Ella se dirigió hacia él y le sujetó los genitales con fuerza. No es un detalle menor. La acción venía acompañada de amenazas explícitas sobre hacerle la vida imposible y de advertencias sobre una supuesta paliza que le propinarían sus hijos.

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El recorrido procesal hasta la confirmación

Nadie pondrá en duda que la justicia debe actuar con el mismo rigor con independencia del sexo del agresor. El caso arrancó en los Juzgados de A Parda, donde el Tribunal de Instancia 4 dictó una sentencia de la que posteriormente se recurrió. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha revisado aquel fallo y ha confirmado su contenido. El resultado: una pena de trabajos comunitarios para la autora de los hechos.

Lo cierto es que el relato judicial prosigue más allá del momento de la agresión. Tras ser sujetado y amenazado, el hombre se marchó a bordo de un vehículo. La resolución judicial detalla que la acusada continuó la persecución. No consta, sin embargo, que el agredido haya sufrido lesión alguna como consecuencia de los hechos. Una precisión médica que no resta gravedad a la conducta ni a las amenazas vertidas.

El contexto geográfico y social de A Barca

A Barca es un entorno conocido en el concello de Poio, una zona con actividad comercial y de hostelería donde los movimientos cotidianos no suelen llamar la atención. Que una agresión de estas características se produzca a las puertas de un local de hostelería, en un espacio presumiblemente visible, plantea preguntas sobre la percepción social de la violencia cuando los roles tradicionales se invierten.

Pocas veces los tribunales se enfrentan a casos como este con tanta claridad en los hechos probados. La sentencia no deja resquicios sobre lo ocurrido. La mujer agredió a su expareja, le amenazó con represalias familiares y le sujetó los genitales con fuerza. La confirmación por parte de la Audiencia Provincial cierra el recorrido judicial y da por buena la pena de trabajos comunitarios.

Violencia de género: un fenómeno bidireccional que la ley no ignora

No es menor el dato de que la propia resolución se encargue de contextualizar el caso dentro de una excepción estadística. El sistema judicial está diseñado para responder a la violencia en todas sus direcciones, aunque el marco normativo de género en España se construyera pensando en un patrón mayoritario. Cuando los tribunales confirman una condena como esta, lo que refuerzan es el principio de que la protección de la víctima no depende de su sexo ni del de quien agrede.

El caso de Poio sale de la estadística habitual pero entra de lleno en el debate sobre cómo se perciben y se tramitan las agresiones cuando los roles se invierten. La justicia ha confirmado la