Los tribunales gallegos han condenado a un hombre de 70 años por haberse gastado 57.000 euros con la tarjeta de su expareja en locales de hostelería de A Coruña, según adelantó La Voz de Galicia. La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pone punto final a un caso que arrancó tras la ruptura de una pareja que había compartido una década de vida.
Una ruptura y una tarjeta que siguió funcionando
La historia empieza de forma aparentemente banal. Dos personas que llevaban diez años en pareja deciden separarse. Dejan de verse un 21 de junio de 2022. Hasta ahí, un final de relación como tantos otros. Lo que vino después ya no lo es tanto: la tarjeta bancaria de la mujer siguió moviéndose por los bares de la ciudad durante nueve meses, siempre con el mismo patrón de gasto en hostelería, siempre a costa de una cuenta que ya no correspondía a su titular.
La cifra final, 57.000 euros, da para pensar. No es una compra puntual ni un malentendido de unas semanas: es un gasto sostenido en el tiempo, distribuido por locales de ocio, que nadie compensó jamás.
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Conoce más →Un perfil que rompe el tópico
Conviene detenerse en un dato: el condenado tiene 70 años y carecía de antecedentes penales. No encaja en la imagen que a veces se proyecta del fraude informático o del delito económico, frecuentemente asociado a perfiles jóvenes o a estafas organizadas. Aquí no hay banda ni planificación sofisticada aparente; hay una relación de confianza rota y una tarjeta que siguió en manos equivocadas.
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Hosting WordPress →La confianza es precisamente la clave del caso. Los delitos de este tipo suelen producirse en el entorno más cercano de la víctima, cuando las claves bancarias, las domiciliaciones y los números de tarjeta circulan con naturalidad dentro de un hogar compartido. La ruptura no cancela automáticamente esos accesos, y el hueco entre la separación efectiva y la cancelación de los vínculos financieros puede convertirse en una puerta abierta. En este caso, esa puerta estuvo abierta nueve meses.
El TSXG cierra el caso
La resolución corresponde al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuya sede en A Coruña dictó sentencia. Que el caso llegara hasta ahí indica que hubo recurso o que la vía procesal exigió un recorrido judicial completo, algo habitual cuando se discuten cuantías relevantes y la autoría de los cargos.
Para la víctima, el proceso significa algo más que una condena: significa el reconocimiento de que lo que sufrió no fue un malentendido doméstico, sino un delito. La recuperación del dinero defraudado suele ser el siguiente paso, aunque ese capítulo rara vez es rápido ni completo.
Una lección para muchos hogares
Más allá del caso concreto, la sentencia deja una advertencia que trasciende A Coruña. Cuántas parejas comparten tarjetas, claves y accesos bancarios sin pensar nunca en el día en que la relación se rompa. Cuántas rupturas se gestionan con la parte financiera pendiente de cerrar. El caso coruñés demuestra que ese descuido puede costar decenas de miles de euros y años de litigio.
La cifra habla por sí sola. Y también lo hacen la edad del condenado y su falta de antecedentes: nadie está exento de cruzar la línea cuando la oportunidad y la costumbre se juntan en el momento equivocado.
Queda por ver si las medidas económicas de la condena permiten a la víctima recuperar lo suyo, algo que la justicia tarda en materializar más de lo que debería. Mientras tanto, la sentencia deja una pregunta incómoda en el aire: ¿cuántos accesos bancarios siguen abiertos en hogares donde la convivencia terminó hace tiempo? Una llamada al banco tras una ruptura cuesta minutos. No hacerlo, como se ha visto, puede costar 57.000 euros.
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