Medio centenar largo de centros educativos gallegos arrancan el próximo curso sin servicio de cafetería. No lo ordenó ninguna administración ni lo provocó un problema estructural en los edificios: son los propios concesionarios de las cantinas quienes renuncian a seguir al frente del negocio, según ha adelantado La Voz de Galicia. El motivo, la obligación de adaptarse a la nueva ley de comedores saludables, que exige cambios en la oferta que muchos pequeños empresarios consideran inviable económicamente.
Adaptarse, intentarlo o tirar la toalla
El mapa no es blanco o negro. La mayoría de las cafeterías escolares de la comunidad se han adaptado ya a la normativa, o están en ello, y otra parte de los concesionarios ha optado por una vía intermedia: abrir unas semanas y comprobar sobre el terreno si el nuevo modelo —oferta reducida a productos como pinchos y café— genera ingresos suficientes para seguir. Solo una franja, esa cincuentena larga de centros, ha decidido directamente no empezar el curso con el servicio activo.
No parece una decisión caprichosa. Quien regenta la cafetería de un colegio o de un instituto sabe que su clientela está cautiva pero acotada: alumnos, profesorado, algún familiar de paso. Recortar de golpe los productos que sostienen la caja diaria equivale, para muchos, a una ecuación imposible. Uno de los concesionarios, al frente de la cafetería de un centro de formación profesional en Ribadeo desde hace una década, lo resumió en el titular de la propia fuente: en octubre decidirá si vender solo pinchos y cafés le resulta rentable o si también deja el negocio.
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Conoce más →El peso de una ley que cambia las reglas del juego
La ley de comedores saludables persigue un objetivo que casi nadie discute públicamente: reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y bollería entre los escolares gallegos. La salud infantil está en el centro del debate, y las administraciones han querido blindar lo que se vende dentro de los recintos educativos. El problema surge en la transición, como tantas veces, en la letra pequeña de la cuenta de resultados.
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Ver planes de hosting →Conviene recordar que las cafeterías de centros escolares son, en su mayoría, negocios familiares o de muy pequeña escala. No hay grandes cadenas detrás. Un cambio normativo que para una multinacional sería una línea en un informe de viabilidad, para un concesionario de barrio puede significar replantearse todo. Ahí está la clave del conflicto: la colisión entre una política pública razonable y una estructura empresarial tan frágil que apenas tiene margen para absorber el ajuste.
¿Quién pierde con las persianas bajadas?
La cifra habla por sí sola. Más de medio centenar de centros donde el curso empieza sin ese punto de encuentro que es la cafetería. Donde antes había un café a media mañana para el profesorado o un tentempié para el estudiante que llega con retraso, ahora no habrá nada. La Administración educativa no ha quedado al margen del asunto, pero el origen de los cierres está en la renuncia de los concesionarios, no en una orden de clausura.
A nadie se le escapa que los centros con menos recursos serán los que peor lo pasen. En un colegio grande de una ciudad, la ausencia de cafetería puede suplirse con opciones cercanas. En un instituto de una comarca del interior, donde no hay alternativas a la vuelta de la esquina, la carencia se nota de otra manera. La geografía importa, y mucho, cuando se habla de servicios de proximidad.
Una prueba de fuego en octubre
Los próximos meses serán decisivos. Los concesionarios que han apostado por aguantar unas semanas tienen puesta su mirada en el primer trimestre: si la clientela responde a la nueva oferta y el negocio aguanta, continuarán.
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