Ourense vive un otoño político condicionado por una pregunta incómoda: ¿cómo se paga lo que ya se debe? El intento del equipo de gobierno de habilitar 11,46 millones de euros mediante una amplia modificación de crédito se hundió en el pleno, dejando al Ayuntamiento sin margen para atender una deuda con proveedores que acumula, además, el coste de los intereses de demora.
Un pulso que trasciende la partida contable
El rechazo de PP y BNG, junto con la abstención socialista, impidió que el expediente siguiera adelante. Pero más allá del resultado numérico, la sesión dejó un clima de tensión poco habitual incluso para los estándares de un pleno ourensano. El alcalde, Gonzalo Jácome, advirtió públicamente a quienes votaran en contra de que podrían ser considerados responsables de los perjuicios causados a los acreedores municipales, apuntando a una posible vía judicial. La respuesta de la portavoz popular no se hizo esperar: si el regidor acude a los tribunales por esta causa, contraatacará por la misma vía.
El fondo del desacuerdo no es solo el destino de los fondos. Los grupos de la oposición argumentaron que el documento llegó al pleno sin haber pasado antes por la comisión correspondiente, lo que impidió un análisis pormenorizado de las partidas. Aunque la sesión reconoció la urgencia de la moción para poder debatirla, esa vía excepcional alimentó las sospechas sobre la opacidad del expediente.
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Conoce más →El coste real de bloquear —o no desbloquear— el dinero
Detrás del rifirrafe parlamentario hay un problema de gestión con consecuencias económicas tangibles. Cuando un ayuntamiento demora el pago de facturas, los intereses de demora se suman al principal, y los proveedores —muchos de ellos pequeñas empresas locales— ven comprometida su liquidez. Es legítimo preguntarse si la responsabilidad de esa situación recae sobre quien gobierna y acumula la deuda, sobre quien bloquea la salida, o sobre ambos.
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Ver planes de hosting →La amenaza de acciones legales entre instituciones y grupos municipales abre, además, un debate sobre los límites del control político. Usar la vía judicial como arma de presión en un conflicto plenario puede sentar precedentes delicados: la discrepancia en una votación es parte esencial del funcionamiento democrático local, no un ilícito.
Un conflicto que seguirá sobre la mesa
Nada indica que el asunto quede cerrado. El gobierno municipal sigue necesitando esos 11,46 millones, y la propia advertencia del alcalde de que el expediente «se aprobará hoy o en otro momento» anticipa nuevos intentos. La oposición, por su parte, ha marcado un límite procedimental que probablemente mantendrá en futuras sesiones: sin debate previo en comisión, no hay respaldo.
Lo que está en juego en Ourense va mucho más allá de una modificación de crédito. Es la capacidad de un consistorio para honrar sus compromisos, la salud financiera de sus proveedores y la calidad del diálogo político en una casa consistorial donde la tensión parece haberse instalado como forma normal de hacer política. El calendario de plenos venideros dirá si prevalece el acuerdo o la trinchera.
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