Hay una pregunta que obsesiona a cualquier administración pública cuando estalla un caso de fraude de décadas: ¿aún se puede reclamar el dinero? En Galicia, esa duda se centra ahora en la llamada trama de los pañales, un presunto cártel de ocho empresas que habría repartido el suministro a la sanidad pública durante casi dos décadas. Y la respuesta que está dando la Consellería de Sanidade es de tipo técnico-jurídico: asegurar la reclamación antes de que el tiempo juegue en contra.
La elusiva figura de la prescripción
Quien esté familiarizado con los grandes escándalos de corrupción sabe que la prescripción es el fantasma que persigue a casi todos. Los procedimientos judiciales se alargan, los plazos se consumen y, cuando llega la sentencia, parte del perjuicio económico resulta ya imposible de recuperar. En el ámbito civil, la reclamación de cantidades tiene fechas de caducidad que obligan a actuar con diligencia.
De ahí que la Xunta haya decidido mover pieza. Su departamento sanitario trabaja conjuntamente con la asesoría jurídica, los colegios de farmacéuticos y la Universidad de Santiago para documentar las adquisiciones públicas de estos productos desde 1996, año en el que, según las investigaciones, se inició la manipulación del mercado. Cada contrato, cada factura y cada licitación pueden convertirse en una pieza clave para sostener una reclamación de millones de euros.
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Ver en Hotels.com → PublicidadUn fraude que se prolongó casi dos décadas
El caso tiene una dimensión notable por su duración: entre 1996 y 2014, ocho compañías habrían operado de forma coordinada en la provisión de pañales y productos de absorción para el sistema sanitario gallego. Se trata de bienes de consumo esencial, comprados de forma recurrente durante años, lo que multiplica el volumen económico afectado y también complica la trazabilidad de cada operación.
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Buscar dominio →Este tipo de cárteles en licitaciones públicas no son excepcionales en España. Otros sectores —de la construcción a los suministros hospitalarios— han visto cómo la autoridad de competencia sancionaba pactos de reparto de mercado sostenidos durante años. Lo particular del caso gallego es la combinación de tres factores: la longitud del período, el carácter básico del producto y la implicación de administraciones sanitarias como perjudicadas directas.
El papel inusual de la universidad
Resulta llamativo que Sanidade haya incorporado a la USC a sus trabajos. La colaboración académica en este contexto apunta a la necesidad de análisis técnicos y económicos rigurosos: cuantificar el sobrecoste, reconstruir la mecánica del reparto de licitaciones y ofrecer soporte documental con garantías. No es una tarea menor, ni rápida, y precisamente la urgencia prescriptiva choca con la lentitud natural de cualquier análisis de casi dos décadas de contratos.
La participación de los colegios profesionales farmacéuticos añade otra capa: conocimiento del sector y de los operadores que participaron en los concursos.
Lo que está en juego
Más allá de la cifra —millonaria— que podría reclamarse, hay un principio en liza: que el dinero público defraudado no se evapore por mero transcurso del tiempo. La decisión de la Xunta de adoptar ya medidas conservativas sugiere conciencia de ese riesgo y una voluntad de no repetir el patrón de otros casos, donde la morosidad institucional terminó por anular las reclamaciones.
Quedan incógnitas abiertas: cuándo se formalizará la demanda, qué cuantía exacta se reclamará y cómo responderán las empresas. Lo que sí parece claro es que la Administración gallega ha entendido que, en este tipo de batallas, el primer enemigo no siempre está en el banquillo: a veces está en el calendario.
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