La Seguridad Social tiene en la provincia de Lugo 1.629 expedientes de incapacidad permanente pendientes de resolver, según los datos facilitados por el Gobierno a principios de septiembre. La cifra responde a una pregunta formulada por senadores populares, que llevan tiempo denunciando los retrasos de un organismo sobre el que vuelven las quejas año tras año.
Los números que tensionan la provincia
Un millar y medio de casos es mucho más que una estadística. Detrás de cada expediente hay un trabajador que ha visto cómo su capacidad laboral quedaba reducida y que espera a saber qué pasará con su futuro económico y laboral. No es menor el dato: los expedientes que recoge la respuesta oficial corresponden al pasado mes de mayo, por lo que la lista real pudo variar desde entonces en cualquiera de las dos direcciones.
La cuestión se planteó en el Senado a comienzos del pasado junio. Los senadores del PP insistieron entonces en que la situación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia sigue generando un malestar creciente entre ciudadanos y trabajadores, motivado por la acumulación de asuntos pendientes y por las dificultades que encuentran muchos usuarios para acceder a la información acumulada en la tramitación de sus expedientes y prestaciones. Pidieron, además, que el Gobierno aclarara cuánto tiempo transcurre desde que un trabajador queda a la espera hasta que recibe resolución.
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Conoce más →La defensa del Ejecutivo: la prestación sigue en marcha
Lo cierto es que la respuesta gubernamental, emitida el pasado 10 de septiembre, no se limitó a aportar cifras. El Ejecutivo alegó que el tiempo medio de resolución de los expedientes tramitados por el INSS en la provincia es inferior al que establece la normativa, y que los plazos de espera no tienen por qué traducirse en perjuicio económico para los afectados. La clave, según el Gobierno, está en el mecanismo de prórroga de los efectos económicos de la incapacidad temporal, que permite seguir cobrando esas cantidades hasta que se resuelva el procedimiento de incapacidad permanente.
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Ver planes de email →En otras palabras: quien espera una resolución de incapacidad permanente no deja de ingresar una prestación mientras tanto. Nadie discute ese punto. Pero a nadie se le escapa que el argumento no responde a todo lo que preocupa a los afectados, porque una cosa es el bolsillo y otra el estado de incertidumbre sobre el reconocimiento de una pensión que marcará su futuro.
Dos relatos sobre la misma oficina
Conviene recordar cómo funciona el sistema. La incapacidad permanente es un procedimiento especialmente sensible: determina el grado de limitación de cada trabajador y, con ello, la cuantía y la naturaleza de lo que percibirá durante años. Cada expediente exige informes médicos, valoraciones de equipos de evaluación y trámites administrativos que, en una provincia envejecida como Lugo, concentran una demanda constante.
El choque político está servido. Los populares ponen el foco en el volumen de asuntos acumulados y en la opacidad que denuncian a la hora de consultar el estado de cada trámite. El Gobierno responde con cifras de plazos medios y con la garantía económica de la prórroga de la incapacidad temporal. Dos lecturas del mismo problema que, vistas desde fuera, no son necesariamente incompatibles: puede cumplirse el plazo normativo y, aun así, que el número de expedientes vivos resulte llamativo para una provincia del tamaño de Lugo.
La cifra habla por sí sola, aunque cada parte la interprete a su favor. Y mientras el pulso político siga en el Senado, los 1.625 trabajadores que esperan una pensión —que el contador oficial sitúe en 1.629 o en el número final que arroje mayo— seguirán con su vida en la balanza de un trámite.
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