El laboratorio municipal de Vigo, que durante más de un siglo controló la calidad del agua de la ciudad, ya no da para más. El Concello ha reconocido oficialmente que su plantilla es insuficiente para asumir los análisis de agua de consumo, aguas residuales y zonas de baño, y ha puesto en marcha un concurso público para externalizar de forma definitiva este trabajo. La factura: 360.000 euros en dos años.
De siete trabajadores a dos
Las cifras hablan por sí solas. Hace una década, el laboratorio contaba con siete empleados. Hoy quedan dos: una analista y una inspectora colaboradora. Hubo un tercer puesto, ocupado por un funcionario, que quedó vacante tras su jubilación y nunca fue cubierto. Demasiado tiempo mirando hacia otro lado.
No es una caída repentina, sino un goteo. Tras años de actividad bajo mínimos y de decisiones que llevaron el servicio al borde del cierre, la documentación oficial del propio Ayuntamiento admite ahora que el personal disponible es «totalmente insuficiente». Que sea el propio Concello quien lo diga en un pliego de contratación dice mucho del punto de partida.
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La situación venía arrastrándose más de lo que convendría recordar con tranquilidad. El laboratorio elaboraba tradicionalmente un mapa de las fuentes públicas de la ciudad, distinguiendo las que surtían agua apta para el consumo de las que no ofrecían garantías, como la conocida fuente de Fenosa, en Teis, donde el propio cartel advierte de que el agua no es potable. En los últimos años, muchos de esos puntos quedaban simplemente sin analizar.
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Del servicio público al contrato externo
El concurso, recogido en pliegos oficiales, prevé abonar 360.000 euros a la empresa que asuma las analíticas durante los próximos dos años. Lo que antes se hacía con medios propios pasará a facturarse. Quienes defienden la externalización apuntan a que es la única salida realista con la plantilla actual; los críticos ven en esta secuencia un patrón conocido: desatender un servicio público hasta hacerlo inviable y luego argüir su deterioro para privatizarlo.
A nadie se le escapa el coste doble de esta dinámica. Por un lado, el económico: 360.000 euros que se destinan a un contrato externo mientras tres plazas de personal habrían supuesto, a largo plazo, un precio menor. Por otro, el de conocimiento: los técnicos municipales que durante generaciones conocieron cada fuente y cada esquina de la red hídrica viguesa no se reemplazan con una factura de dos años.
Lo que está en juego
El control de la calidad del agua no es un asunto menor. Afecta al consumo diario de la población, a la vigilancia de las zonas de baño y al tratamiento de aguas residuales, tres frentes con implicaciones directas para la salud pública. Que Vigo, una de las ciudades más grandes de Galicia, dependa de un laboratorio con dos empleados era una anomalía; que termine dependiendo de una empresa privada plantea nuevas preguntas sobre transparencia, agilidad y quién responde cuando algo falla.
Quedará por ver si el nuevo contrato llega acompañado de un plan de reinversión en el laboratorio municipal o si esta externalización definitiva cierra, de hecho, un servicio con 124 años de historia. La ciudadanía merece saber quién analiza el agua que bebe y con qué criterios. Lo cierto es que Vigo tiene ahora la oportunidad de rediseñar el control de su agua desde cero, pero también el riesgo de perder para siempre una capacidad técnica que costó más de un siglo construir. ¿Valía la pena dejarla caer?
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