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El voto exterior vuelve al centro de la polémica política en Galicia

El voto exterior vuelve al centro de la polémica política en Galicia

Medio millón de electores. El 18 % del censo autonómico. Son cifras que bastan para explicar por qué el voto de los gallegos residentes en el exterior sigue siendo, casi cuatro décadas después, uno de los territorios más disputados de la política gallega. Una reciente decisión del Tribunal Supremo ha reavivado la vieja batalla entre PP y PSOE por el control del CERA, el Censo de Residentes Ausentes, según adelantó La Voz de Galicia.

Una sombra que viene de lejos

Pocas polémicas electorales tienen en Galicia una raíz tan honda. La primera mayoría absoluta de Manuel Fraga, obtenida en 1989, marcó un antes y un después: entonces se instaló en el imaginario colectivo la duda sobre la limpieza del sufragio emitido desde fuera de las fronteras. Aquellas sospechas, fundadas o no, quedaron asociadas para siempre al recuento del voto exterior y resurgen con cada reforma, cada recurso y cada disputa sobre quién gestiona las listas de residentes ausentes.

No es menor el dato del peso demográfico. Un territorio con una diáspora enorme —Argentina, Cuba, Venezuela, Brasil, Suiza o Alemania han sido siempre destinos tradicionales de la emigración gallega— concentra en el exterior cerca de medio millón de personas con derecho a voto. Es decir, casi uno de cada cinco electores del censo autonómico no vive en Galicia. Ese caladero potencial de papeletas puede inclinar elecciones, sobre todo en circunscripciones donde los márgenes entre los dos grandes partidos son estrechos.

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El Supremo reabre el debate

La chispa ahora es judicial. Un fallo del Tribunal Supremo que bloquea una determinada actuación en relación con el censo de residentes ausentes ha devuelto el asunto a la primera línea. Lo que en apariencia es una cuestión técnica —la gestión y actualización de las listas del CERA— se convierte de inmediato en materia de trinchera política. Conviene recordar que la fiabilidad del censo exterior depende de datos de contacto que envejecen mal: cambios de domicilio, fallecimientos no comunicados, direcciones desactualizadas. Todo eso alimenta, ciclo tras ciclo, las recriminaciones cruzadas entre los partidos.

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A nadie se le escapa, además, que el voto exterior funciona con reglas propias. El procedimiento de solicitud y votación desde el extranjero exige trámites que reducen históricamente la participación, y cualquier alteración en la gestión del censo puede tener efectos sobre cuántas papeletas llegan y cuántas se cuentan. Esa sensibilidad explica que cada movimiento en torno al CERA se lea en clave de ventaja electoral antes que en clave administrativa.

PP y PSOE, rivales históricos por el mismo botín

La batalla entre populares y socialistas por el control del censo de ausentes no es nueva, pero el fallo del Supremo le da un aire fresco. Para el PP, el voto exterior ha sido tradicionalmente un activo. Para el PSOE, las dudas sobre su limpieza nacieron precisamente de aquella mayoría fraguista de 1989, y desde entonces los socialistas han tendido a exigir garantías y revisiones. Cada uno ve en la gestión del censo lo que su experiencia histórica le dicta.

Lo cierto es que la combinación de una resolución judicial, un censo enorme y una memoria política cargada produce siempre el mismo efecto: el regreso del fantasma del «pucherazo» al debate público, aunque nadie haya acreditado una irregularidad concreta en esta ocasión. La palabra, sola, basta para sembrar desconfianza en un proceso electoral.

El interés público en juego

Más allá del tira y afloja partidista, hay algo de fondo que interesa a todos los gallegos: que el voto de quienes emigraron cuente y cuente limpio. La diáspora gallega es una de las más grandes de Europa en proporción a su población, y su peso en el

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Pablo Rivas

Periodista deportivo con amplia experiencia en la cobertura del fútbol y deporte gallego. Redactor de la sección de Deportes.

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