Galicia contará con 25 nuevas residencias de mayores que sumarán 1.800 plazas al sistema público de dependencia. Al menos el 60% de ellas serán de titularidad pública. El anuncio lo realizó este lunes la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, tras la reunión del Consello de la Xunta, y en el reparto territorial la provincia de Ourense tendrá un peso destacado: cinco de los centros previstos se levantarán en su territorio.
Un plan pensado para la Galicia rural
La arquitectura del proyecto dice mucho de su vocación. De los 25 centros, 24 se ubicarán en concellos de menos de 25.000 habitantes. El vigésimo quinto será el residencial de Ribeira, ya comprometido con anterioridad por el Ejecutivo gallego. No parece casualidad: el plan quiere llevar el servicio a localidades que hoy no disponen de él y facilitar que las personas mayores puedan envejecer en su entorno, cerca de los suyos.
A nadie se le escapa que ese es el reto central de la política de mayores en las comarcas del interior. Cuando una residencia está a decenas de kilómetros, la decisión de dejar la casa se vuelve más dolorosa y más difícil para toda la familia. Acercar el servicio al pueblo natal no es solo una cuestión de plazas; es una apuesta por mantener vivo el mapa de la Galicia interior.
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Que cinco de los 25 centros se destinen a la provincia de Ourense es un dato que conviene subrayar. Es una de las demarcaciones con mayor dispersión poblacional, con núcleos pequeños repartidos por comarcas como O Carballiño, Verín, A Limia o As Mariñas ourensás, donde la distancia hasta un equipamiento de estas características puede convertirse en una barrera real. La cifra, por sí sola, sitúa a la provincia en el centro del despliegue.
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Ver planes de hosting →El listado concreto de municipios beneficiarios completa el anuncio, y será el detalle que más atención genere en los ayuntamientos implicados. Contar con una residencia cambia, y no poco, la vida de una villa pequeña: da trabajo, retiene población y ofrece a las familias una respuesta que hasta ahora debían buscar fuera.
1.000 empleos sobre la mesa
Más allá de la atención sociosanitaria, el plan tiene una dimensión económica que no es menor. La previsión del Gobierno gallego apunta a la creación de alrededor de 1.000 empleos asociados a la puesta en marcha y funcionamiento de los 25 centros. En muchos de los concellos elegidos, mil puestos de trabajo cualificado representan una de las mayores bolsas de ocupación previstas en años.
El sector de la dependencia, además, genera empleo estable y de proximidad, difícil de deslocalizar. Personal auxiliar, enfermería, cocina, administración: la actividad que rodea a una residencia estructura servicios y sostiene comercio en municipios donde cada puesto cuenta. Lo cierto es que la cifra de 1.000 empleos será, junto a las plazas residenciales, el argumento con el que la Xunta defienda el coste del programa.
El compromiso con la red pública
El porcentaje anunciado —al menos el 60% de las plazas de carácter público— es la clave que permitirá saber si el plan cumple su promesa de fondo. La literatura sobre los sistemas de dependencia coincide en que la titularidad de las plazas condiciona el acceso, el precio y la cobertura real de la población. Que la mayoría del nuevo cupo sea público significa que la administración no se limitará a concertar plazas con terceros, sino que gestionará directamente buena parte de la nueva capacidad.
Queda ahora el camino de los plazos, los concellos definitivos y los calendarios de construcción. Los grandes anuncios en materia de infraestructuras sociosanitarias suelen medirse en años, y la sociedad gallega ha aprendido a esperar los presupuestos tanto como los discursos. Demasiado tiempo, a veces.
Una apuesta de futuro
El anuncio llega en un momento en que el envejecimiento del mundo rural gallego
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