El Concello de Lugo dará un paso normativo sin precedentes en España: modificará su ordenanza de protección ambiental para obligar a que las plantas de biogás y otras industrias potencialmente contaminantes se instalen a un mínimo de tres kilómetros de los núcleos de población o de las viviendas unifamiliares. La propuesta llegará al pleno municipal este mismo mes.
Un vacío legal que nadie había cubierto
No es un detalle menor. Actualmente no existe regulación específica ni a nivel estatal ni autonómico que fije una distancia de seguridad entre este tipo de actividades —las que pueden resultar molestas o nocivas— y los lugares donde vive la gente. Lugo sería así la primera ciudad gallega, y probablemente la primera del país, en poner cifra a ese «adecuado» que tanto se ha prestado a interpretaciones.
Porque la redacción anterior era, vista en retrospectiva, difusa. El artículo 80 de la ordenanza —cuya publicación se remonta a hace años— señalaba simplemente que las actividades que originen excrementos de animales o produzcan residuos malolientes deberían situarse «a una distancia adecuada del núcleo poblacional». Adecuada. Sin metros, sin criterio, sin margen de actuación claro para los técnicos municipales.
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Conoce más →El texto que cambia las reglas
Con la modificación, el mismo artículo recogerá además que las plantas de biogás situadas en suelo rústico deberán ubicarse a no menos de 3.000 metros del núcleo de población más cercano. Tres mil metros exactos. La cifra habla por sí sola, sobre todo si se compara con la indefinición anterior.
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Ver planes de email →Para el alcalde, tratado aquí como responsable municipal, la medida es un asunto pendiente desde su llegada al gobierno local. Lo cierto es que el debate sobre estas instalaciones llevaba tiempo calentando el ambiente político lucense y de la provincia, donde varios proyectos han generado recelos vecinales.
El contexto: el biogás en el punto de mira
El auge de las plantas de biogás en el medio rural gallego ha levantado protestas en distintas comarcas. En Abadín, por ejemplo, un proyecto industrial reciente dividió al municipio: reticencias entre los vecinos y un Concello que evitó pronunciarse claramente. También ha habido manifestaciones ante la sede de la Xunta contra estas instalaciones.
A nadie se le escapa que la ausencia de normativa jugaba en contra de los municipios. Sin distancias mínimas fijadas por ley, cada proyecto se estudiaba caso por caso, con la inseguridad jurídica que eso supone tanto para promotores como para residentes. Ahí está la clave de la iniciativa lucense: convertirse en referencia mientras las administraciones superiores no actúan.
Qué viene ahora
La modificación deberá pasar por el pleno municipal este mes. Quedará por ver si otros ayuntamientos de Galicia copian el modelo y si, con el tiempo, la Xunta o el Estado asumen la cuestión con una regulación de alcance superior. Demasiado tiempo llevaba este asunto sobre la mesa.
La pregunta que flota en el aire es obvia: si una norma municipal puede fijar tres kilómetros, ¿por qué no existe todavía un criterio estatal para una tecnología que avanza más rápido que la ley? Lugo ha decidido no esperar. Otros territorios con proyectos de biogás sobre la mesa harán bien en mirar hacia la ciudad amurallada antes de que el debate les llegue, como ya les llegó a Abadín, sin reglas claras con las que responder a sus vecinos.
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