La sala de lo penal de Lugo acogió este jueves el juicio contra un joven refugiado procedente de Malí acusado de agredir sexualmente a una trabajadora de la organización humanitaria que gestionaba su acogida en Becerreá. La acusación solicita para él dos años de prisión. Durante la vista, la víctima sostuvo punto por punto su relato, mientras el acusado negó los hechos.
Una agresión dentro del propio dispositivo de acogida
Los hechos que se juzgan se remontan a agosto de 2024. Por entonces, el acusado residía en un albergue habilitado en esta localidad de la comarca de Os Ancares, dentro de un programa de acogida de personas refugiadas gestionado por una ONG. La denunciante era trabajadora de esa misma entidad, es decir, una de las personas encargadas de acompañarle en su proceso de integración.
Tras conocerse la denuncia, el hombre fue expulsado del centro de acogida, una medida que se adoptó de inmediato y que él mismo reconoció este jueves ante el tribunal, aunque mantuvo su negativa a los hechos que se le imputan.
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Ver en Hotels.com → PublicidadVersiones enfrentadas en el Juzgado de lo Penal de Lugo
El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal de Lugo y dejó dos relatos radicalmente opuestos. La trabajadora ratificó la versión que sostiene desde que denunció los hechos hace más de dos años, mientras que el acusado, que declaró en la vista, rechazó la acusación. La fiscalía mantiene su petición de condena con dos años de prisión.
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Hosting WordPress →El caso despertó una notable repercusión en su momento, no solo por la propia agresión denunciada, sino por las circunstancias en que se produjo: el acusado vivía gracias al dispositivo de acogida y la víctima formaba parte del equipo que atendía a los residentes de ese recurso.
Becerreá, un municipio pequeño con un recurso de acogida
Becerreá es un concello de unos 2.600 habitantes situado en el corazón de Os Ancares, en el punto donde la N-VI y la autovía del Cantábrico cruzan la montaña lucense. La presencia de un albergue de refugiados en un municipio de estas dimensiones convirtió el caso en un asunto de debate local desde el primer día, cuando la detención trascendió en septiembre de 2024.
El dispositivo de acogida de personas refugiadas se distribuye por toda Galicia en municipios de pequeño y mediano tamaño, donde las organizaciones humanitarias encuentran viviendas y recursos disponibles. En localidades como Becerreá, el personal de estas entidades asume funciones muy diversas y trabaja en contacto directo y cotidiano con las personas acogidas, un marco que este proceso judicial ha puesto bajo los focos.
La palabra de la víctima, en el centro del debate
Dos años después de la denuncia, el peso de la prueba recae sobre todo en el relato de la trabajadora, que ha mantenido su versión de forma constante desde el inicio y la reiteró ante la sala este jueves. La defensa, por su parte, se apoya en la negativa del acusado. No consta en el proceso la existencia de testigos presenciales de los hechos, por lo que la valoración de la credibilidad de ambos relatos será determinante en la sentencia.
La petición de dos años de prisión sitúa el delito en el ámbito de la agresión sexual sin violencia o intimidación conforme al Código Penal vigente, aunque la calificación jurídica definitiva corresponderá al tribunal tras la vista. No consta fecha en la que se dictará fallo.
Queda ahora en manos del juzgado dilucidar qué ocurrió realmente en aquel albergue de Os Ancares en agosto de 2024. La sentencia tendrá efectos que van más allá del caso concreto: de ella depende, en parte, la confianza en un sistema de acogida en el que miles de personas encuentran su primer hogar en Galicia y en el que quienes trabajan para hacerlo posible deben contar con garantías plenas de seguridad. ¿Cómo se articulan esos mecanismos de protección cuando el propio dispositivo se convierte en el escenario del delito? La respuesta que dé la justicia.
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