La batalla por el gobierno judicial del país tiene un frente gallego, y va en serio. Diez vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de no admitir a trámite el recurso promovido por el colectivo Jueces y Jueces por la Democracia. Un movimiento que, a simple vista técnico, encierra una disputa de fondo sobre quién decide qué se juzga en esta terra.
El origen del conflicto hay que buscarlo en los intentos de renovación parcial del CGPJ, paralizados desde hace años. Jueces y Jueces por la Democracia, la asociación mayoritaria en las salas civiles y penales, intentó activar el mecanismo por la vía judicial y se topó con la puerta cerrada del tribunal superior gallego. Ahora bien, la respuesta no tardó en llegar, y ha venido precisamente desde dentro del propio órgano de gobierno de los jueces.
Un recurso con relevancia nacional
Lo cierto es que lo que podría parecer una querella de gabinete tiene implicaciones que desbordan Galicia. Diez de los veinte vocales del Consejo firmaron el recurso, es decir, la mitad del pleno. La cifra, nada habitual, retrata la profunda división interna de un órgano que lleva más de cinco años en funciones y cuya legitimidad se discute desde varios frentes a la vez.
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Conoce más →«No es solo un recurso procesal: es la constancia de que incluso dentro del Consejo hay quienes no aceptan que una puerta judicial se cierre sin examen de fondo», explicaba una fuente judicial conocedora del expediente.
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El TSJ gallego inadmitió el recurso considerando que la vía elegida no era la procedente, un criterio que sus críticos tildan de excesivamente formalista. De hecho, no es el primer intento fallido: los juzgados y tribunales españoles ya han desestimado en más de una decena de ocasiones distintas vías para forzar la renovación, con resultados dispares según el órgano. Esa dispersión de criterios, apuntan los recurrentes, es precisamente lo que la casación debería aclarar.
Por qué importa en Galicia
Cabe recordar que el TSJ de Galicia no es un actor neutral en el asunto, sino la institución llamada a gobernar el poder judicial en la comunidad, con competencias sobre cerca de 2.500 jueces y juzgados repartidos entre las cuatro provincias. Que sea precisamente este tribunal el que cierre la vía procesal añade un componente de incomodidad institucional difícil de pasar por alto, y su decisión acabará pesando en el desprestigio o en la fortaleza de la justicia gallega ante la ciudadanía.
Hay además una lectura política que nadie esconde del todo. Las asociaciones judiciales llevan años enfrentadas por la composición del Consejo, y cada movimiento procesal se lee también como una jugada en ese tablero. En Galicia, donde la sala de lo contencioso del TSJ ha sido históricamente un escenario de decisiones sensibles, la tensión entre asociaciones se vive con especial crudeza, y este recurso volverá a poner a los jueces gallegos en el centro del debate nacional.
El tribunal encargado de resolver el recurso tendrá que entrar a valorar una cuestión delicada: si los órganos judiciales pueden negarse a examinar pretensiones que, en opinión de media parcial del CGPJ, afectan al núcleo mismo del Estado de derecho. No es menor. Si se estima la inadmisión, se blindará la vía de los hechos ante los tribunales; si se revoca, se abrirá una vía procesal que podría multiplicar los intentos por toda España.
Ahora bien, más allá del tecnicismo, al ciudadano de Ferrol o de Ourense lo que le importa es sencillo: que la justicia funcione y que quienes deben renovarla lo hagan. Mientras el CGPJ siga en funciones, sin posibilidad de nombrar vocales nuevos ni de ejercer plenamente su labor de garantías, cuestiones como esta llegarán a los tribunales una y otra vez. Y Galicia, por esta vez, está en el punto de partida del litigio.
El recurso sigue su curso y se prevé que la sala competente del TSJ gallego se pronuncie en las próximas semanas. Sea cual sea el resultado, difícilmente será la última palabra. Este asunto tiene papeleta para subir hasta el Tribunal Supremo, y con ella, la justicia gallega volverá a los titulares de toda España.
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