Una mujer de 71 años vecina del casco viejo de Cangas será desalojada el próximo 23 de octubre de la vivienda que ocupa desde hace dieciséis años. La afectada sostiene que ha mantenido todos los pagos del alquiler al día, un gasto que absorbe más de la mitad de una pensión de unos 600 euros mensuales, pero los propietarios han optado por no renovar el contrato de arrendamiento. Sin alternativa habitacional a la vista y con una movilidad reducida —se desplaza habitualmente con andador—, la mujer se aferra a los Servicios Sociales municipales mientras el calendario judicial avanza.
Dieciséis años de pagos puntuales
Quien conozca las reglas del mercado del alquiler sabe lo excepcional del caso. No hay impago de por medio, ni conflictos con la propiedad, ni meses de morosidad acumulada. El motivo del lanzamiento es, simplemente, la decisión de los dueños de no prorrogar un arrendamiento que se prolonga desde 2009. La interesada lo tiene claro: con sus ingresos, encontrar otra vivienda en la zona le resulta prácticamente inviable. Los precios de la comarca del Morrazo, presionada durante años por la estacionalidad turística y la demanda vacacional, dejan fuera del mercado a quien percibe una pensión no contributiva mínima.
A la ecuación económica se suma la soledad. La mujer carece de una red familiar que pueda hacerse cargo de ella y su situación de movilidad reducida acota todavía más las opciones. Ante la pregunta de hacia dónde ir, su respuesta, recogida por la prensa local, no deja margen a la interpretación: no encuentra nada, se siente perdida.
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Conoce más →El Concello y la residencia como única salida
La afectada acudió a los Servicios Sociales del municipio buscando una alternativa y su caso llegó incluso al último pleno de Cangas. Según denuncia, la respuesta que ha recibido por parte del consistorio apunta a una sola vía: el ingreso en una residencia. Una solución que la mujer rechaza de plano, porque a sus 71 años y pese a las dificultades quiere conservar su independencia y seguir viviendo en la ciudad en la que ha desarrollado su vida.
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Ver planes de hosting →El detalle más delicado del asunto está en las viviendas municipales. El Concello de Cangas dispone de tres inmuebles de emergencia social, un recurso pensado precisamente para situaciones límite como esta. Sin embargo, según la información que ha trascendido, esa posibilidad no se le habría ofrecido a la afectada. La distancia entre los recursos existentes y la gestión de los casos concretos es, en este episodio, más que visible.
Un calendario que no se detiene
Mientras se exploran salidas, el procedimiento judicial sigue su curso y la fecha del 23 de octubre permanece fijada para el lanzamiento. Salvo intervención de última hora, la mujer deberá abandonar ese día un piso que ha sido su casa durante más de una década y media, sin que a día de hoy exista una alternativa habitacional confirmada. Los casos de desahucios por no renovación de contrato han crecido en toda Galicia en los últimos años, impulsados por la presión sobre el parque de alquiler en municipios costeros, y suelen afectar de forma desproporcionada a mayores con pensiones bajas y contratos de larga duración.
La situación plantea, además, preguntas sobre el papel de las administraciones cuando el mercado privado expulsa a alguien. Los servicios sociales municipales tienen capacidad de mediación, y las viviendas de emergencia existen para cubrir huecos como este. Si no se activan, el sistema falla precisamente con quienes menos márgenes tienen para reaccionar.
Un caso que anticipa otros
Quedan semanas antes del lanzamiento y en ese tiempo puede pasar mucho: una mediación, la activación de una de las tres viviendas de emergencia, una prórroga judicial. O nada. Lo que suceda en Cangas no será solo la resolución de un caso individual, sino un termómetro de cómo responden las administraciones gallegas ante el envejecimiento de la población inquilina y la precariedad de las pensiones más bajas. ¿Cuántas personas más están hoy en la misma situación, pagando puntualmente más de la mitad de lo que ingresan por un techo que pueden perder con un simple burofax?
Con información de La Región.
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