Las llamas han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta ante el fuego. El incendio declarado en la localidad turolense de Ejulve, que ha obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a desalojar a decenas de vecinos, ocupa titulares a nivel nacional. Pero para un oído gallego, la noticia resuena con una familiaridad incómoda, con esa morriña que no es nostalgia, sino memoria del humo y la ceniza.
Lo cierto es que el operativo desplegado en Teruel sigue un guion ya conocido en nuestra terra. La UME, con sus efectivos y medios aéreos, se ha convertido en un recurso casi habitual en los veranos gallegos. El fuego de Ejulve, que ya ha calcinado cientos de hectáreas, activó la Fase 2 del Plan de Emergencias, un nivel que implica la necesidad de coordinar medios estatales más allá de los autonómicos. Esa misma fase, esa misma urgencia, la vivimos en Galicia durante los devastadores incendios de Ourense en 2022.
Un espejo en el que mirarse: la respuesta gallega
La comparación no es baladí. En los fuegos de Ourense de 2022, la UME desplegó a más de 400 efectivos, trabajando codo con codo con brigadas forestales de la Xunta y bomberos municipales. Fue una intervención masiva que logró contener el avance de las llamas en zonas de difícil orografía, muy similares a las que ahora afrontan en Ejulve. La pregunta que flota en el ambiente es si la coordinación entre administraciones, siempre un punto delicado, funciona con la misma eficacia en ambos escenarios.
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Conoce más →Ahora bien, hay matices que marcan la diferencia. En Galicia, la experiencia acumulada en la lucha contra el fuego es, para bien o para mal, abrumadora. La Xunta cuenta con un dispositivo propio, la BRIF, que es un referente nacional, y la relación con la UME se ha ido puliendo a base de incendios. En Aragón, la situación es distinta, con una estructura de emergencias que, aunque sólida, no tiene la misma veteranía en la gestión de grandes siniestros forestales. De hecho, la activación de la UME en Ejulve demuestra que la magnitud del fuego ha superado las capacidades autonómicas iniciales.
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Lo que une a Ejulve y a las parroquias gallegas es la vulnerabilidad del rural. Las aldeas deshabitadas, los montes sin gestión y el cambio climático crean un cóctel explosivo. El desalojo de 150 personas en Teruel nos recuerda a los 700 vecinos que tuvieron que abandonar sus casas en la comarca de O Ribeiro durante la oleada de 2022. La angustia es la misma, la incertidumbre de no saber si al volver encontrarás tu hogar intacto.
«La coordinación es la clave. No vale de nada tener medios si no hay una cadena de mando clara y una comunicación fluida entre el gobierno central y la comunidad autónoma. En Galicia hemos aprendido que la UME es un apoyo vital, pero no puede ser la única respuesta», señala un portavoz de la Asociación de Bomberos Forestales de Galicia.
El incendio de Ejulve está lejos, pero su eco llega hasta las laderas de O Courel o las sierras de Ourense. Sirve como un recordatorio de que la prevención y la gestión del monte son tareas de todo el año, no solo de cuando el mercurio sube. Mientras las llamas devoran Teruel, en Galicia se revisan los protocolos y se mira al cielo con la misma retranca de quien sabe que, más pronto que tarde, volverá a ser el turno de la UME de demostrar su valía en nuestra terra.
La noticia de Ejulve, con su despliegue de medios y sus desalojos, no es ajena. Es, en muchos sentidos, un espejo en el que Galicia se ve reflejada. Un espejo que muestra tanto la fragilidad del territorio como la necesidad de una respuesta cada vez más rápida y coordinada. El fuego no entiende de fronteras autonómicas, y la lección de Ejulve es también nuestra lección.
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