Una furgoneta cargada de garrafas en Moaña ha vuelto a poner sobre la mesa un delito que apenas genera titulares pero que supone quebraderos de cabeza constantes para transportistas y empresas: el robo de gasóleo de camiones en aparcamientos y zonas de estacionamiento. La interceptación de ese vehículo por parte de la Guardia Civil desembocó en la desarticulación de dos presuntos grupos activos en la provincia de Pontevedra.
El caso arrancó de forma casi casual. Una patrulla sometió a control un vehículo cuyo interior escondía recipientes con combustible de origen difícil de justificar. Aquella comprobación rutinaria abrió una vía de investigación que, con las denuncias de los afectados sobre la mesa, permitió rastrear la procedencia del gasoil y conectar a varias personas con sustracciones distintas.
Un delito de baja visibilidad y alto coste
Sustraer combustible de un camión es una operación rápida, apenas requiere herramientas sofisticadas y deja al perjudicado con pérdidas que a menudo no compensa denunciar. Esa combinación convierte el fenómeno en un negocio de bajo riesgo aparente, especialmente en áreas con tránsito pesado y amplias zonas de estacionamiento, como buena parte de la provincia de Pontevedra.
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Conoce más →Para las empresas de transporte, cada incursión supone no solo el valor del combustible sustraído, sino paradas no previstas, repostajes de urgencia y, en algunos casos, daños en los depósitos que encarecen las reparaciones. En un sector que opera con márgenes estrechos y donde el gasóleo representa uno de los mayores gastos, estos hurtos repercuten directamente en la cuenta de resultados.
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Ver planes de email →Tres detenidos y una metodología recurrente
Las pesquisas se saldaron con la detención de tres varones: dos españoles de 62 y 58 años y un portugués de 38. Los tres cuentan con antecedentes policiales y, de acuerdo con la investigación, habrían empleado una furgoneta y garrafas como elementos básicos de su presunta actividad. El perfil del modus operandi —un vehículo discreto, recipientes portátiles y rápida huida— se repite en buena parte de este tipo de causas, lo que facilita que los grupos operen durante meses antes de llamar la atención de las autoridades.
Que fueran dos organizaciones distintas las que quedaron al descubierto a partir de un solo control de tráfico sugiere que el fenómeno podría tener una dimensión mayor de la que reflejan las denuncias formales. No es un dato menor: muchos conductores afectados optan por asumir la pérdida antes que iniciar trámites por cantidades relativamente pequeñas, lo que distorsiona la estadística real.
La detección casual, mejor arma contra el fraude
El caso de Moaña ilustra una constante en la lucha contra este delito: rara vez se descubre por investigación proactiva, sino por accidentes del destino —un control rutinario, una furgoneta que llama la atención, un conductor que no sabe justificar la mercancía que lleva. Cuando el combustible carece de una trazabilidad clara, la carga de la prueba recae en quien lo transporta, y ahí empieza el hilo del que tiran los investigadores.
Puede que convenga preguntarse si las empresas de transporte no deberían extremar las medidas de seguridad de sus flotas —cierres reforzados en depósitos, aparcamientos vigilados— mientras el coste del gasóleo mantiene el aliciente para quienes ven en los camiones estacionados un dispensario sin vigilancia. Mientras tanto, el combustible sigue siendo, para ciertos grupos, un botín tan apetecible como discreto.
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