Hay conflictos de competencias que se resuelven en despachos y otros que se resuelven porque la vía pública lo exige. La rotonda de Nadela, en Lugo, pertenece a la segunda categoría: tras meses de reclamaciones administrativas sin respuesta, el gobierno municipal ha decidido encender las luminarias de la glorieta y de sus accesos —infraestructura de titularidad estatal— ante el riesgo que suponía circular de noche por un punto carente de iluminación operativa.
Un punto negro documentado por los propios técnicos municipales
La decisión no nace de una queja aislada ni de una fotografía llamativa en redes sociales. Dos informes, uno elaborado por la Policía Local y otro por los servicios de Ingeniería del propio Concello, advirtieron del peligro que implicaba que la glorieta permaneciera a oscuras. Con ese respaldo técnico sobre la mesa, el equipo de gobierno dio un paso inusual: activar el alumbrado de una vía que no es suya y trasladar después al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una petición formal para que inspeccione con urgencia el sistema de iluminación.
El alcance real del problema es elocuente: de las 30 farolas de la rotonda, solo 9 funcionan. El resto permanece estropeado, lo que convierte el trazado en una sucesión de zonas iluminadas y franjas de penumbra, precisamente el escenario que los expertos en seguridad vial señalan como más peligroso para quienes circulan de noche, porque la vista se adapta a la luz y encuentra después tramos negros sin avisos.
Una letra pequeña que lo cambia todo: un convenio para poder arreglarlo
Encender las farolas era la solución urgente, pero el Ayuntamiento sabe que no basta. Por eso la comunicación al ministerio incluye una propuesta de convenio de colaboración interadministrativa que permitiría al Concello asumir la reparación de las luminarias averiadas, así como su mantenimiento posterior y el suministro eléctrico. En la práctica, el gobierno local se ofrece a hacerse cargo de un activo estatal cuya gestión, según el relato municipal, nadie está atendiendo.
El gesto tiene una lectura política evidente. Un Ayuntamiento que se ofrece a pagar y mantener el alumbrado de una vía del Estado está diciendo, sin necesidad de grandes declaraciones, que la seguridad de quienes circulan por la rotonda pesa más en sus prioridades que el pulso competencial. ¿Cuánto tiempo más debe esperar una glorieta de acceso a la ciudad para que la administración titular responda?
Meses de vía administrativa agotada
Esta no es, según consta, una queja reciente. El pleno municipal aprobó por unanimidad dos mociones sobre esta infraestructura, en noviembre de 2025 y en junio de 2026, documentación que fue remitida al ministerio y a las autoridades competentes. El 20 de julio, además, el Consistorio volvió a trasladar al departamento estatal los acuerdos plenarios en los que se reclamaban medidas sobre este acceso a la ciudad.
La unanimidad en el pleno es un dato que merece subrayarse: cuando todos los grupos municipales, con sus diferencias habituales, coinciden en reclamar una actuación, es porque el problema desborda el debate político cotidiano. Y aun así, ante la falta de respuesta del nivel de gobierno titular, el ejecutivo local optó por actuar por su cuenta, apoyándose en sus informes técnicos.
El patrón de las competencias compartidas
El caso de Nadela ilustra una tensión que se repite en muchos municipios: las vías de titularidad estatal que atraviesan o bordean núcleos urbanos quedan atrapadas entre dos administraciones. Para el Ministerio, pueden ser una pieza más de una red estatal con prioridades repartidas por todo el territorio; para el Concello, son un acceso diario de sus vecinos, con nombres de barrio y horarios de entrada y salida del trabajo. Cuando las piezas administrativas no se mueven, es el usuario de la vía quien asume el riesgo.
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