Astilleros Cardama anunció este viernes desde Vigo que paraliza de forma temporal la demanda presentada contra el Estado uruguayo por la rescisión de un contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas, iniciada en diciembre, aunque subraya que no renuncia «a ninguna acción legal» para defender sus derechos. La suspensión llega tras la comunicación formal de rescisión por parte del Gobierno de Uruguay, ocurrida el 22 de octubre y ratificada el 13 de febrero, y responde a la intención del astillero de explorar «otros caminos» para litigar o negociar. La empresa explicó que la decisión es estratégica y que seguirá evaluando medidas jurídicas y extrajudiciales. El anuncio se produjo en medio de la atención pública generada por ambos asuntos en Vigo y en Montevideo.

La demanda, que Cardama presentó el pasado diciembre, reclamaba una indemnización que la propia firma cuantificó en torno a casi 50 millones por los perjuicios derivados de la suspensión del contrato. El proceso había abierto una vía judicial que tenía prevista su primera actuación procesal en los meses siguientes, pero la dirección del astillero decidió detener temporalmente el trámite para estudiar alternativas. Fuentes del sector apuntan a una combinación de razones comerciales y procesales que habrían aconsejado dejar en suspenso la reclamación formal mientras se valora la conveniencia de acudir a arbitraje o a otras instancias.

El contrato afectado contemplaba la construcción de dos patrulleras oceánicas para Uruguay, encargos que habían generado actividad industrial y expectativas de empleo en el entorno del puerto de Vigo. Según las imágenes y datos aportados por la empresa, el casco de la primera patrullera y la quilla de la segunda estaban ya en las instalaciones, lo que subraya la magnitud del proyecto y los costes asumidos por el astillero hasta el momento de la rescisión. La cancelación por parte del Ejecutivo uruguayo provocó una reacción inmediata en la prensa y en los ámbitos empresariales de ambos países.

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En su comunicado, Cardama restó importancia al hecho de frenar la demanda y explicó que la decisión forma parte de un análisis más amplio sobre la mejor manera de actuar para proteger sus derechos, patrimonio y reputación. La firma aseguró que no renuncia a acudir a tribunales ni a procesos arbitrales si finalmente considera que esa es la vía adecuada, y añadió que seguirá manteniendo interlocución con las autoridades y posibles mediadores. La empresa subrayó que la pausa no equivale a un desistimiento y que estudiará los efectos prácticos y económicos antes de impulsar nuevas actuaciones.

El Gobierno de Uruguay, presidido por Yamandú Orsi, informó a finales de octubre de la rescisión del contrato y confirmó esa decisión en febrero, pero las razones completas y los informes que motivaron la cancelación no han quedado totalmente despejados para el público. La controversia internacional —entre Montevideo y un astillero gallego— ha provocado preguntas sobre la gestión administrativa y la seguridad jurídica en los procesos de contratación pública en el exterior. En Uruguay, la decisión también abrió un debate político sobre la transparencia y la responsabilidad en la adjudicación de contratos navales.

En Vigo, la decisión de Cardama reavivó inquietudes sobre la continuidad de la carga de trabajo y el impacto en la plantilla y en la red de subcontratistas implicados en el proyecto. El astillero ha señalado que mantiene operativas las instalaciones y que evaluará las opciones para minimizar los efectos sobre el empleo y las inversiones realizadas. Fuentes sindicales recuerdan que la industria naval en la ría ya ha sufrido tensiones en los últimos años y que cada contrato de este carácter tiene efectos multiplicadores en la economía local.

La noticia de la paralización de la demanda se produce además en un contexto complicado para la empresa, que en días previos fue objeto de atención por otro asunto judicial: el juicio que se celebra en relación con la muerte de un trabajador de una subcontrata en 2022. Aunque se trata de procedimientos distintos, ambos episodios aumentan la presión mediática y la necesidad de que la compañía aclare su situación administrativa y laboral. La dirección del astillero asegura que afronta ambas cuestiones con la máxima diligencia y con la colaboración de las autoridades competentes.

Abogados especializados consultados por este periódico recuerdan que, frente a una rescisión contractual aportada por un Estado, las vías posibles incluyen la reclamación en tribunales nacionales, el arbitraje internacional o la búsqueda de soluciones negociadas que eviten largos litigios. Cardama, según su nota, no descarta ninguna de esas alternativas mientras sopesa los costes y beneficios de cada una. La empresa insiste en que su objetivo es recuperar el daño sufrido o, en su defecto, lograr una salida que permita preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo vinculados al proyecto.