El otoño judicial que sigue con atención Galicia: imputaciones de alto nivel marcadas en el calendario

El calendario judicial no descansa y la política española, tampoco. Arranca un otoño cargado de imputaciones de alto nivel, con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso imputada por presunta corrupción en su entorno empresarial y la sombra de los casos que rodean a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sobre la mesa de los juzgados. Un escenario que, lo cierto es que, se sigue con especial atención desde Galicia.

No es mera curiosidad de terraza. La conexión gallega con estos asuntos es más intensa de lo que parece a primera vista. Begoña Gómez mantuvo vínculos profesionales con la Universidad Complutense y con la Fundación Centro de Innovación en Logística, pero de hecho varias empresas del sector tecnológico con sede en Galicia aparecieron mencionadas en el flujo de cartas de invitación que investiga el juez Peinado. Nada probado, cabe recordar, pero suficiente para que el caso alimente tertulias radiofónicas desde A Coruña a Ourense.

El efecto contagio en el PSdG

Para el PSdeG, el asunto no es menor. Los socialistas gallegos llegan al otoño recuperando aliento en los sondeos tras el desgaste de los últimos años, y la última imputación que salpicó directamente a la federación fue la de Xoán León, exdirector xeral de Hacienda y ex número dos de la consellería de Facenda en la Xunta, condenado en 2024 a seis años de prisión por el caso Quesada. Aquella sentencia marcó un antes y un después en la percepción pública del partido.

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Los dirigentes socialistas gallegos manejan la doctrina del cristal: prefieren que la polarización nacional no importe al debate autonómico. Gonzalo Caballero repite que Galicia necesita «otra agenda», y en el PSdG confían en que el electorado gallego discrimine entre lo que ocurre en Madrid y lo que se decide en Santiago. Ahora bien, los datos del CIS autonómico sugieren que la cercanía al Gobierno central pesa, y no poco, en la valoración de los líderes autonómicos.

Imputaciones con sello gallego

Porque el otoño judicial tampoco llegará vacío a la terra. El caso Nuria Gil, la presunta trama de cobros irregulares en el entorno de la exconselleira de Infraestruturas de Pontevedra, sigue su curso con el expresidente provincial patriocial, Miguel Anxo tellado, procesado y la vista oral a la vista, previsiblemente para 2026. La Xunta de Alfonso Rueda, por su parte, maneja con incomodidad la investigación sobre fondos de ayudas de la Marina, y el PP gallego ya aprendió que las carnes del poder también sangran cuando llegan los autos.

«Cada imputación nacional se paga en votos autonómicos. La política gallega no vive en una burbuja, aunque nos guste creerlo», resume un catedrático de Ciencia Política de la Universidade de Santiago.

Ese es precisamente el escenario que temen y desean los partidos según el color. El BNG aspira a capitalizar el desgaste bipartidista presentándose como la alternativa limpia, con Uxío Barreiros como portavoz judicial de conveniencia en la Cámara. Los populares gallegos, mientras, esperan que la imputación de Ayuso no desactive su discurso anticorrupción frente al Gobierno, argumento que Rueda ha utilizado hasta la saciedad en las últimas comparecencias del Parlamento gallego.

Un otoño con morriña política

El interés gallego por estos casos tiene también su componente de retranca: aquí se consume justicia española con morriña, saboreando cada titular de El Confidential como quien mira un parte de juego de dos equipos ajenos. De hecho, los medios gallegos dedican un porcentaje creciente de su información política a sucesos judiciales nacionales, y las audiencias de las tertulias matinales lo confirman. El juicio oral del caso Koldo, previsto para otoño de 2026, y la instructoria de Begoña Gómez prometen titulares para meses.

Lo que está en juego, más allá del morbo, es la confianza institucional. Un 63 % de los españoles desconfía de la independencia judicial según los últimos barómetros, una cifra que apenas varía en Galicia respecto a la media estatal. Cada imputación de alto nivel, en cualquier dirección, erosiona un poco más un edificio que los partidos lleva años reformando con prisa y sin andamios.

El otoño judicial, en fin, llegará con autos, diligencias y alguna que otra comparecencia improvisada. En Galicia se mirará, como siempre, con atención doble: la del ciudadano que quiere saber, y la del político que calcula cuánto le toca pagar del último escándalo ajeno. Porque aquí, como en todas partes, la justicia también es política. Y la política, gallega o no, nunca duerme del todo.