La sección de Industria de CCOO en Vigo ha denunciado este 13 de marzo de 2026 una «situación generalizada de desprotección» en la salud laboral del tejido industrial de la comarca, tras una denuncia presentada la semana pasada en OP Mobility Redondela. El sindicato sostiene que los problemas detectados en el reconocimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no son casos aislados, sino síntomas de un fallo estructural. Según la organización, la saturación de la sanidad pública y el incumplimiento reiterado de las mutuas agravan la respuesta ante los riesgos laborales. La advertencia llega tras constatar demoras, denegaciones y derivaciones que, a su juicio, perjudican a las plantillas.

El foco inicial de la denuncia fue una fábrica de parachoques vinculada a OP Mobility en Redondela, donde la sección sindical de CCOO documentó dificultades para que determinados siniestros y dolencias fueran reconocidos como contingencias profesionales. Aunque el caso concreto sirvió de detonante, el sindicato subraya que se han detectado patrones similares en numerosas empresas del área olívica. La organización recalca que estas prácticas afectan principalmente a sectores con altas tasas de exposición a factores de riesgo, como la automoción y sus proveedores. La reiteración de estos incidentes es lo que, según CCOO, convierte un hecho puntual en un problema sistémico.

Según el sindicato, las mutuas, cuya función es gestionar la asistencia sanitaria y las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, están «fallando de manera reiterada» en sus obligaciones. Entre las prácticas denunciadas figuran retrasos en diagnósticos esenciales, negativas injustificadas a reconocer la contingencia profesional y derivaciones constantes a la sanidad pública sin asumir la responsabilidad. En muchos casos, añade CCOO, se produce una infradeclaración de enfermedades profesionales y, en situaciones más graves, la ocultación de accidentes laborales. Todo ello, afirma la organización, erosiona la confianza de la plantilla en los mecanismos de protección existentes.

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El efecto práctico de estas deficiencias, según la denuncia, es el traslado del coste de la salud laboral a las propias personas trabajadoras y al sistema sanitario público. Cuando las mutuas no asumen la atención o el reconocimiento, los trabajadores deben recurrir a la sanidad pública, retrasando tratamientos y complicando la acreditación de la relación con el trabajo. Ese retraso puede tener consecuencias en la prognosis de las dolencias y en el acceso a prestaciones económicas por incapacidad. CCOO advierte de que esta dinámica fomenta la precariedad y la inseguridad en el empleo industrial.

En el contexto español, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen un papel central en la gestión de la salud laboral, coordinación que en teoría debe agilizar las prestaciones y la prevención. No obstante, la organización sindical apunta a una sobrecarga del sistema público y a insuficiencias en la supervisión de las mutuas como causas de las deficiencias actuales. También destaca déficits en la prevención dentro de las empresas: equipos de protección, formación y evaluación de riesgos que, en muchos casos, no se actualizan con la rapidez necesaria. Para CCOO, la combinación de fallos internos y un marco de control insuficiente explica la repetición de estos incidentes.

Los sectores más afectados, según la organización, incluyen la cadena de suministro de la automoción, donde actividades como soldadura, pintura y montaje generan riesgos físicos y químicos relevantes. Dado el volumen de empleo en la comarca de Vigo, cualquier fallo en el reconocimiento y tratamiento de enfermedades laborales tiene un impacto colectivo significativo. Además, la subdeclaración o el encubrimiento de siniestros dificulta la identificación de patrones que podrían orientar políticas preventivas. Los sindicatos reclaman inspecciones más frecuentes y rigurosas y una mayor transparencia en la actuación de las mutuas.

Ante esta situación, CCOO exige medidas concretas que incluyan una mejora de recursos en la sanidad pública para atender estas contingencias con rapidez, un control más estricto sobre las mutuas y protocolos ágiles para el reconocimiento de las dolencias relacionadas con el trabajo. El sindicato advierte de que no aceptará que se «mire hacia otro lado» mientras se deteriora la salud de la plantilla y anuncia que seguirá reclamando respuestas por las vías sindicales y administrativas. En su comunicado, la organización advierte además de la posibilidad de elevar reclamaciones colectivas si no se corrigen las prácticas denunciadas.

Desde OP Mobility, las empresas afectadas y las mutuas implicadas no han hecho público un posicionamiento en el momento de la denuncia, según fuentes sindicales. El caso de Redondela ha reabierto el debate sobre la responsabilidad compartida entre empresas, mutuas y administraciones para garantizar la protección adecuada de las personas trabajadoras. Para CCOO, la resolución de estas deficiencias es urgente para evitar que el sistema sanitario y laboral siga asumiendo costes que, en su opinión, deberían ser gestionados por los responsables directos de la prevención y la cobertura de riesgos profesionales.