Condenado uno de los atacantes armados de la Comisaría de Pontevedra

Un juzgado ha dictado sentencia firme contra uno de los hombres que en junio de 2023 atacó armado la Comisaría de Policía Nacional de Pontevedra, en la calle Joaquín Costa. El agresor, un joven de 26 años nacionalidad española y origen marroquí, hirió con un arma blanca a un agente y logró franquear el control de acceso. La resolución impone una medida de libertad vigilada con tratamiento psiquiátrico y la obligación de pagar una indemnización al policía lesionado.

El sindicato Jupol informó de la sentencia y actuó como acusación particular en el proceso, lo que, según la organización, fue determinante para evitar la impunidad del autor del ataque. La condena llega pese a que la defensa planteó la existencia de una eximente completa por alteración psíquica. El tribunal optó finalmente por imponer una medida de seguridad y la reparación del daño al agente afectado.

Los hechos ocurrieron en junio de 2023 en el interior de las dependencias policiales, cuando el acusado, en estado de fuerte alteración, superó el control de seguridad y, armado con un cuchillo, intentó agredir tanto a ciudadanos que se encontraban en la sala de espera como a los propios policías. Un agente encargado del control de accesos detuvo la agresión, aunque un funcionario resultó herido por arma blanca.

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Actuación judicial y medidas impuestas

La resolución fue calificada por Jupol como «firme», lo que significa que no cabe recurso ordinario que paralice su ejecución. Los magistrados acordaron como medida de seguridad la libertad vigilada acompañada de tratamiento psiquiátrico, un régimen que implica seguimiento médico y restricciones diseñadas para la reinserción y la prevención de riesgos.

Además, el condenado deberá abonar una indemnización de 1.500 euros al agente lesionado, cantidad acordada en la sentencia para compensar los daños sufridos. La calificación jurídica del caso y la adopción de una medida de seguridad en lugar de una pena privativa de libertad reflejan que el tribunal valoró la alteración psíquica del acusado, sin exonerarle de responsabilidad ni de la obligación de reparar el daño.

Desde el sindicato destacaron la intervención del policía de acceso como factor clave para evitar un resultado más grave. También subrayaron que la acción jurídica del colectivo permitió la personación en el procedimiento y la defensa del agente herido, algo que según ellos no habría ocurrido de otro modo.

«La rápida y decidida intervención del agente de control impidió lo que pudo haber sido una agresión mortal contra un ciudadano presente»,

Críticas por la falta de respaldo institucional

Jupol denunció la ausencia de la Abogacía del Estado y de otras instituciones en la causa, y señaló que el policía agredido fue el único que contó con defensa jurídica, facilitada íntegramente por el sindicato. Para los representantes sindicales, esta circunstancia evidencia una preocupante falta de respaldo institucional hacia quienes garantizan la seguridad pública.

En su comunicado, el sindicato advirtió de que el principio de autoridad se debilita si quienes arriesgan su vida en el ejercicio del servicio no reciben un apoyo firme de la Administración. Reclamaron mayor respaldo legal y recursos para los agentes frente a agresiones en dependencias y en la vía pública.

El episodio en la comisaría de la calle Joaquín Costa se suma, según Jupol, a otros incidentes violentos que han afectado a esa sede en los últimos años, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y los controles de acceso. Las fuerzas de seguridad mantienen medidas de prevención y protocolos para minimizar riesgos, pero el sindicato insiste en reforzarlos y en garantizar la asistencia jurídica a los efectivos agredidos.

Con la sentencia ya firme, el caso queda cerrado en sede penal con la imposición de la medida de seguridad y la indemnización. Queda por ver el seguimiento del tratamiento psiquiátrico y la supervisión de la libertad vigilada, que serán determinantes para evaluar la evolución del condenado y la efectividad de las medidas impuestas por el tribunal.

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