La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenó el 17 de marzo de 2026 a tres hombres a un año y nueve meses de prisión por estafar a un vecino de Alcabre que adelantó dinero para la reforma de su casa. El tribunal considera que los acusados cerraron un contrato superior a 38.000 euros sin intención real de ejecutar los trabajos y que recibieron anticipos por valor de 15.700 euros. Los magistrados aprecian una actuación concertada para aparentar la contratación y apropiarse de las cantidades entregadas. La resolución añade la obligación de devolver lo cobrado y abonar las costas del proceso.

La sentencia detalla que las negociaciones se produjeron en febrero de 2023 y que la víctima entregó inicialmente 700 euros en efectivo y posteriormente realizó cinco transferencias a la cuenta del principal acusado. A cambio de esos pagos, los ahora condenados solo llevaron a cabo una intervención mínima, limitada a una pequeña demolición valorada en 443,95 euros, según la tasación incluida en la causa. El tribunal interpreta esa actuación como una mera escenificación destinada a dar apariencia de inicio de obra y a justificar nuevos requerimientos de dinero.

Los magistrados subrayan además que los procesados no tramitaron los permisos administrativos necesarios y que ni siquiera se abonó el material previsto en el proyecto. A pesar de continuar reclamando cantidades adicionales para supuestos trabajos posteriores, no ejecutaron reformas esenciales como la renovación del baño ni otras actuaciones anunciadas. Frente a la versión de las defensas, que atribuyeron la paralización a un cambio de proyecto por parte del propietario, la Audiencia concluye que no existió causa real que justificase el incumplimiento.

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La sentencia y las penas

La pena impuesta a cada uno de los tres acusados es de un año y nueve meses de prisión por un delito de estafa continuada, según consta en la resolución. Además de la pena privativa de libertad, la sala les obliga a indemnizar conjunta y solidariamente al perjudicado con los 15.700 euros entregados, más los intereses legales y las costas del juicio. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El tribunal rechaza también las pretensiones de las defensas de anular pruebas y considera acreditada la participación conjunta de los tres encausados. Según la resolución, cada uno desempeñó un papel destinado a reforzar la credibilidad de la operación, aprovechando la apariencia de actividad empresarial de las mercantiles implicadas. Esa conducta, sostiene la Sala, revela la falta de una intención real de llevar a cabo las obras comprometidas.

«Actuaron ‘de común acuerdo’ y solo realizaron una actividad ‘ínfima’ de demolición para aparentar el inicio de las obras», recoge la resolución.

Contexto y recomendaciones para propietarios

Los casos de estafas vinculadas a reformas de viviendas suelen pivotar sobre anticipos importantes sin garantías suficientes y sobre la utilización de empresas pantalla o procedimientos de facturación opacos. Los jueces recuerdan en sus resoluciones la importancia de exigir contratos escritos, proyectos visados, licencias municipales y comprobaciones sobre la solvencia y registro de las empresas contratadas.

Para evitar fraudes, los expertos recomiendan no pagar la obra al contado ni abonar la totalidad del presupuesto por adelantado, acordar pagos vinculados a hitos concretos y conservar recibos y comunicaciones. En caso de sospecha, es aconsejable interponer denuncia ante la policía y solicitar asesoramiento jurídico para reclamar tanto en sede civil como penal.

El fallo deja patente el reproche judicial hacia prácticas que explotan la confianza de los propietarios y reclama mayor diligencia a la hora de formalizar contratos de reformas. Mientras la posibilidad de apelación sigue abierta, la condena sirve como aviso sobre los riesgos de adelantar grandes sumas sin las garantías contractuales y administrativas adecuadas.