Diez horas a oscuras: la fragilidad digital de una Galicia conectada sin red de seguridad

Ourense estuvo diez horas a oscuras. No fue un apagón eléctrico: fue un apagón digital. Sin internet, sin cobertura de datos, sin posibilidad de pagar con tarjeta, sin acceder a servicios públicos telemáticos. Durante casi medio día, una provincia entera descubrió que su vida cotidiana depende de un cable y de unos servidores que pueden fallar. Y cuando fallan, no hay plan B.

El episodio, lejos de ser una anomalía, es la radiografía de una dependencia que hemos construido sin reflexionar. Pagamos con el móvil, gestionamos citas médicas online, tramitamos ayudas por internet, trabajamos en la nube, comunicamos a nuestros hijos por videollamada. Todo el andamiaje de la vida moderna descansa sobre una infraestructura digital cuya fiabilidad damos por sentada. El apagón de Ourense demostró que no podemos hacerlo.

La respuesta institucional fue la habitual: disculpas, explicaciones técnicas y promesas de que no volverá a ocurrir. Pero las preguntas incómodas quedaron en el aire. ¿Por qué una provincia de más de 300.000 habitantes depende de una infraestructura sin redundancia suficiente? ¿Por qué los servicios críticos —sanidad, emergencias, pagos— no tienen sistemas de respaldo? ¿Cuántos apagones más necesitamos para entender que la digitalización sin resiliencia es una bomba de relojería?

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El problema se agrava en el rural. La misma semana que Ourense se quedaba sin conexión, se confirmaba la desaparición del teléfono fijo tradicional en Lugo. Para muchos pueblos del interior, ese fijo no era una reliquia: era la única línea estable de comunicación, la que funcionaba cuando la móvil no llega. Su eliminación migra el servicio a una telefonía IP que requiere, precisamente, internet. Es decir: sustituimos un sistema que funcionaba por otro que puede fallar en bloque, tal y como demostró el apagón ourensano. La brecha digital no se cierra con decretos: se amplía cuando se eliminan alternativas sin garantizar cobertura.

Y luego están los que aprovechan la fragilidad ajena. Las ciberestafas veraniegas han dejado familias «todo pagado, sin casa al llegar»: falsos anuncios de alquiler vacacional, webs clonadas, transferencias a cuentas impossibles de rastrear. La estafa digital es la cara criminal de la misma moneda: una sociedad digitalizada a toda prisa, sin cultura de seguridad suficiente. Mientras las administraciones empujan la digitalización compulsiva —cita previa obligatoria por internet, trámites solo telemáticos—, el ciudadano medio navega sin las herramientas básicas para protegerse.

La solución no es frenar la digitalización, obviousmente. Es digitalizar con criterio. Infraestructura redundante para que un fallo no tumbe una provincia. Formación digital real, no cursos simbólicos. Protocolos de emergencia analógicos que activen cuando lo digital cae. Y sobre todo, mantener alternativas presenciales y físicas para quien no puede o no sabe vivir conectado. El apagón de Ourense duró diez horas; para muchos mayores del rural, la desconexión es permanente.

Galicia presume de ser una comunidad avanzada, con empresas tecnológicas que se venden por 112 millones y astilleros que atraen inversión china. Pero la modernidad no se mide solo en éxitos empresariales: se mide en la capacidad de mantener los servicios básicos cuando algo falla. Un territorio que puede quedarse a oscuras diez horas por un fallo técnico no es un territorio moderno. Es un territorio frágil con fachada moderna.

Diez horas sin conexión deberían encender una luz más duradera que cualquier corte: la de la urgencia de construir resiliencia. Antes del próximo apagón.