La muralla abandonada: el patrimonio que Galicia no sabe proteger

La muralla medieval de Monforte de Lemos —una de las fortificaciones más impresionantes de Galicia— está abandonada entre matojos y papeleo. Mientras la Xunta gasta millones en promocionar Galicia como destino cultural, su patrimonio real se cae a pedazos. No es un caso aislado: es la confirmación de que en Galicia protegemos mejor el eslogan que la piedra.

La imagen es elocuente: lienzos medievales cubiertos de vegetación, paseos de ronda intransitables, carteles informativos ilegibles. La muralla de Monforte, que debería ser el orgullo de la comarca de Terra de Lemos y un motor económico para una zona que lo necesita desesperadamente, es un monumento fantasma. Los visitantes que se acercan a verla se encuentran con una estructura que parece esperar su demolición natural antes que su restauración.

El problema no es de dinero exclusivamente. Es de modelo. El sistema de protección patrimonial gallego está diseñado para paralizar, no para activar. Un ayuntamiento que quiere restaurar un tramo de muralla necesita permisos de la Xunta, informes de la Consellería de Cultura, evaluaciones arqueológicas, proyectos redactados por técnicos habilitados y financiación que, cuando llega, llega tarde y con condiciones que encarecen el trabajo. El resultado: décadas de espera y muros que se caen mientras el papeleo circula entre despachos.

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El caso de Monforte no es único. Por toda Galicia encontramos castros sin excavar, pazos en ruinas, iglesias románicas con filtraciones, puentes históricos sin mantenimiento. El inventario de patrimonio abandonado de Galicia sería tan largo como escandaloso. Y mientras tanto, las campañas turísticas oficiales muestran imágenes de catedrales impecables y jardines perfectamente cuidados. La distancia entre la Galicia que vendemos y la Galicia que conservamos es abismal.

El contraste con otras regiones es brutal. En Castilla y León, la muralla de Ávila genera un flujo turístico constante y sostenible. En Portugal, el castillo de Guimarães es el motor económico de toda una ciudad. En Galicia, la muralla de Monforte genera malestar entre los vecinos que la ven degradarse año tras año. La diferencia no está en la calidad del patrimonio —el gallego es igual o superior— sino en la voluntad política de ponerlo en valor.

Hay un factor adicional: la falta de coordinación entre administraciones. La muralla de Monforte es propiedad municipal, pero su protección depende de la Xunta, y la financiación puede venir de fondos europeos, estatales o autonómicos. Cada nivel administrativo tiene sus propios plazos, criterios y prioridades. Mientras negocian, el muro se cae. Y nadie asume la responsabilidad final: ni el concello —que dice no tener recursos—, ni la Xunta —que dice que el expediente está en tramitación—, ni el Estado —que dice que es competencia autonómica.

Mientras tanto, en la aldea gallega más quemada por los incendios, los vecinos viven el día a día entre la ceniza y la burocracia. El campo ourensano que vence la administración es una excepción, no la norma. Hay un patrón: el rural y el patrimonio comparten el mismo destino en Galicia —abandono lento, gestión ineficiente y silencio institucional.

La solución no es solo más dinero. Es menos burocracia, más agilidad y, sobre todo, prioridad real. Si Galicia quiere ser un destino cultural de primer nivel, no puede permitirse que sus murallas se conviertan en matorrales. El patrimonio no se protege con decretos: se protege con mantenimiento continuo, con inversión sostenida y con la convicción de que la piedra vieja vale tanto como el hormigón nuevo.

La muralla de Monforte lleva siglos en pie. Sería una vergüenza que cayera ahora, no por la edad, sino por la indolencia.