División: ¿archivo del TSJCV impide investigar a Mazón?

El pleno de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordó el 17 de marzo de 2026 no asumir la competencia para investigar a Carlos Mazón por la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024 y decretó el archivo de su causa. La decisión, adoptada por los cinco magistrados que componen la sala, se basa en las razones expuestas en la resolución y afecta únicamente a la posible responsabilidad penal de Mazón en calidad de diputado en las Corts Valencianes.

El auto, aprobado por unanimidad, deja sin efecto la asunción del procedimiento por parte del alto tribunal valenciano, si bien subraya que la causa puede proseguir en el juzgado de instrucción que la tramita en Catarroja. La resolución no alcanza a los otros dos investigados por los mismos hechos: Salomé Pradas, exconsellera, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, que mantienen la investigación abierta.

Los magistrados señalaron expresamente que, pese al archivo respecto a Mazón en su sede, el procedimiento “puede y debe proseguir” en la sección de instrucción del juzgado de Catarroja para el esclarecimiento del resto de responsabilidades. El fallo igualmente recoge que la postura del Ministerio Fiscal era la de decretar el cierre de la causa en la jurisdicción del TSJCV por falta de fundamentos para asumirla.

Reacciones y debate jurídico

La resolución ha reavivado el debate entre juristas sobre si ese archivo impide o no que la magistrada de instrucción vuelva a elevar una nueva exposición razonada al TSJCV. Una parte de los especialistas consultados entiende que el auto equivale a un sobreseimiento en cuanto a Mazón y que, por tanto, la jueza no podría formular otra petición de investigación sobre el mismo hecho sin nuevos elementos probatorios sustanciales.

«La jueza ya no puede volver a presentar una exposición razonada»

Otros expertos, no obstante, sostienen que la puerta no está cerrada: si aparecieran indicios nuevos y relevantes, la instructora podría remitir otra exposición razonada y entonces el TSJCV tendría que valorar de nuevo si asume la competencia por el aforamiento del diputado. En ese escenario, la situación procesal de Mazón podría cambiar.

«Si hay indicios nuevos, la jueza puede volver a pedir al TSJCV que investigue a Mazón. El escenario puede cambiar»

Próximos pasos y contexto

Independientemente de la controversia técnica, las fuentes judiciales consultadas apuntan a que habrá juicio por la gestión de la dana en la Audiencia Provincial de València en relación con las actuaciones que sí puedan sustanciarse contra otros responsables. La causa por la crisis que siguió a la borrasca del 29 de octubre de 2024 sigue su cauce para depurar posibles responsabilidades administrativas y penales.

Algunos interlocutores interpretan el auto del TSJCV como una declaración de que, en el momento de la resolución, no concurrían indicios suficientes para imputar penalmente a Mazón en su condición de aforado. Otros subrayan que esa valoración no prejuzga la aparición de pruebas posteriores que puedan llevar a reabrir la vía penal mediante los mecanismos procesales previstos.

«No se podría abrir contra él ya otra causa porque el TSJCV ha declarado que no es responsable penal»

La resolución deja patente la tensión entre la protección procesal que confiere el aforamiento a determinados cargos y la necesidad de que la investigación avance sin impunidad. En el ámbito político, la decisión introduce incertidumbre sobre la situación personal y judicial de Mazón, que sigue manteniendo su acta de diputado y, con ello, el aforamiento que condiciona cualquier nueva actuación penal.

En las próximas semanas los tribunales de Valencia y Catarroja deberán concretar los pasos de instrucción pendientes y valorar si aparecen elementos capaces de sustentar nuevas exposiciones razonadas. Mientras tanto, el debate jurídico sobre la interpretación del archivo en casos de aforados seguirá abierto y con repercusiones sobre la responsabilidad de altos cargos en emergencias como la de octubre de 2024.

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