Estados Unidos sería responsable del bombardeo que el 28 de febrero destruyó el colegio primario Shajarah Tayyebeh en Minab, en la provincia de Hormozgán, causando la muerte de unas 180 personas, en su mayoría niñas, según hallazgos preliminares que atribuyen el ataque a un error de selección de objetivos. La información, difundida por el diario The New York Times y basada en fuentes oficiales estadounidenses y personas cercanas a la investigación del Pentágono, sostiene que la Casa Blanca habría ordenado un ataque contra una instalación militar adyacente que se confundió con el centro escolar. El incidente ocurrió en la primera jornada del conflicto en la zona y ha desencadenado reproches internacionales y exigencias de aclaración.

El periódico estadounidense recoge que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) preparó las coordenadas del blanco utilizando datos de inteligencia que resultaron ser obsoletos, lo que explicaría la desviación del objetivo. Según las mismas fuentes, estas conclusiones son provisionales y la investigación sigue en curso para determinar cómo se permitió que la información errónea sirviera de base para un ataque con munición de precisión. Por ahora no hay respuesta definitiva sobre por qué no se efectuaron verificaciones adicionales de la geolocalización antes del lanzamiento.

Las cifras de víctimas proceden de la Media Luna Roja iraní y reflejan el dramatismo del suceso: alrededor de 180 muertos entre alumnos, docentes y familiares que se encontraban en el centro. El Gobierno de Teherán calificó el ataque como un «acto bárbaro» y numerosas ciudades registraron movilizaciones y muestras de repulsa, incluida una protesta en Belgrado. Organizaciones como Human Rights Watch y expertos de Naciones Unidas han señalado la posibilidad de que se trate de un crimen de guerra y han pedido investigaciones independientes e imparciales.

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El análisis publicado por The New York Times sobre un vídeo difundido por la agencia iraní Mehr sugiere que el proyectil que impactó fue un misil Tomahawk, arma que, según el diario, solo emplea por el momento el ejército estadounidense entre las fuerzas implicadas. En las imágenes, el Tomahawk aparece impactando en un volumen de obra descrito por fuentes iraníes como una clínica dentro de la base naval vecina, lo que encajaría con la hipótesis de que el objetivo real no era la escuela. Esa secuencia reforzó las dudas sobre la veracidad de las coordenadas utilizadas en la operación.

Desde Washington, el Pentágono aseguró que está llevando a cabo una investigación sobre el ataque y sus consecuencias, en paralelo a las consultas con aliados y organismos internacionales. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que la pesquisa está en marcha y que las informaciones publicadas por la prensa forman parte del conjunto de elementos que analizan las autoridades. La Administración ha evitado por el momento atribuciones definitivas y mantiene que todas las reclamaciones serán verificadas antes de adoptar medidas concretas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que en los días posteriores al bombardeo había acusado inicialmente a Irán por el ataque, declaró a la prensa que no tenía conocimiento directo de los detalles de esta nueva información cuando se le preguntó sobre el supuesto error. Su respuesta añade incertidumbre sobre la coordinación política y militar en plena escalada del conflicto, y reaviva las críticas sobre la opacidad de las cadenas de mando en operaciones con alto riesgo para la población civil.

El episodio ha reabierto el debate sobre los procedimientos de selección y verificación de objetivos en campañas militares que emplean armas de precisión y sobre la dependencia de inteligencia que puede quedar desactualizada en conflictos dinámicos. Expertos consultados por medios internacionales advierten del peligro que supone ejecutar ataques basados en datos no corroborados y reclaman protocolos más estrictos para evitar bajas indiscriminadas entre civiles, especialmente en instalaciones educativas y sanitarias.

Mientras avanza la investigación del Pentágono, la comunidad internacional aguarda resultados que puedan esclarecer responsabilidades y evitar la impunidad. Organizaciones humanitarias y juristas piden acceso independiente a las evidencias y que se aceleren las pesquisas de Naciones Unidas y ONG especializadas en derechos humanos. En el terreno, las familias de las víctimas continúan sufriendo la pérdida y la conmoción, y los llamamientos a una rendición de cuentas efectiva se intensifican ante la magnitud de la tragedia.