La modificación de crédito de 11,4 millones de euros que el gobierno local de Ourense había planteado para hacer frente a las facturas pendientes con proveedores locales quedó este martes aparcada. Solo DO votó a favor; el PSOE se abstuvo y BNG y PP dijeron no. Segundo revés consecutivo para el alcalde en lo que va de mandato.
Una factura de 11,4 millones sin respuesta
El asunto no es menor en lo práctico: detrás de la cifra hay pagos comprometidos con empresas de la ciudad que siguen esperando. La modificación pretendía dar salida contable a ese débito acumulado, pero el gobierno se quedó sin apoyos suficientes en el hemiciclo. El resultado es que los proveedores deberán seguir esperando, al menos hasta que el ejecutivo local encuentre una fórmula que convenza a la oposición.
A mitad de la discusión, y viéndose sin apoyos, DO anunció la retirada del segundo punto del orden del día. Antes de hacerlo, el alcalde llegó a advertir a los ediles de la oposición de que los intereses que generasen las facturas impagadas podrían repercutir en sus sueldos, una amenaza poco habitual en un pleno municipal gallego.
Expulsión del portavoz del BNG
La sesión terminó con un episodio de sabor amargo. Tras acumular tres avisos en apenas quince segundos, el portavoz nacionalista fue expulsado del pleno sin llegar a exponer los argumentos que pretendía defender. Habían precedido dos llamadas al orden a las ediles del PP Noelia Pérez y Sonia Ogando.
Quien esperaba un debate técnico sobre contabilidad municipal se encontró con otra cosa. El tono de la sesión, según se desprende de lo acaecido, estuvo marcado de principio a fin por expresiones inapropiadas del regidor ourensano y por la confrontación abierta entre los grupos municipales. La expulsión del portavoz del BNG dejó, además, sin voz en el hemiciclo precisamente al grupo que más críticas estaba vertiendo sobre la gestión de la deuda con proveedores.
Aislamiento creciente del alcalde
El cómputo de la votación dibuja un mapa político complicado para el gobierno. DO aparece como único socio favorable, el PSOE prefiere no mojarse y los dos grandes bloques de la oposición, BNG y PP, votan unidos en contra. Para que una modificación de crédito destinada a pagar facturas —una operación teóricamente urgente y poco discutible en su finalidad— no salga adelante, el aislamiento del alcalde debe ser notable.
Queda por ver cómo pretende el equipo de gobierno desbloquear una situación que afecta directamente a la economía local: cada semana de retraso en el pago a proveedores encarece la deuda y tensa más la relación con las empresas de la ciudad. La retirada del punto solo pospone el problema, no lo resuelve.
El siguiente pleno dirá si el alcalde busca el consenso o insiste en la vía del enfrentamiento. Lo que ya no cabe duda es que en Ourense la factura impagada, la de 11,4 millones, seguirá generando intereses mientras los grupos discuten sobre quién tiene la culpa. ¿Cuánto más tardará el Concello en sentarse a negociar lo que sus proveedores llevan meses esperando?
Con información de La Región
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