El Gobierno ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas temporales para rebajar la carga sobre los carburantes y la electricidad, que podrían aprobarse en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes en Madrid. La iniciativa busca mitigar el impacto económico derivado de la escalada en Oriente Medio, especialmente por la guerra en Irán, y contempla mecanismos que permitan desactivar las ayudas si los precios vuelven a niveles previos. Técnicos del área económica estudian combinar un horizonte mensual con umbrales vinculados al Índice de Precios al Consumo (IPC) para activar o suspender las medidas. La idea es limitar la intervención a lo estrictamente necesario y adaptarla a la evolución del mercado.

Según fuentes gubernamentales, los expertos analizan cómo funcionaron las intervenciones aplicadas tras la invasión rusa de Ucrania y plantean introducir ahora un mecanismo automático de umbrales de inflación. De aplicarse, las rebajas fiscales sobre carburantes y electricidad dejarían de aplicarse de forma automática cuando el IPC y los precios de referencia regresen a parámetros acordados. El objetivo técnico es evitar medidas permanentes que distorsionen el mercado y concentrar la respuesta en episodios concretos de tensión.

El Ejecutivo evita ampliar el alcance del paquete a otras áreas, al menos en su primera fase. La apuesta es focalizar las medidas en la reducción fiscal sobre los combustibles y la factura eléctrica y no recurrir a bonificaciones directas, tras la experiencia anterior en la que algunos descuentos no ofrecieron los efectos esperados. Fuentes internas señalan que la intención es priorizar sectores más vulnerables al coste energético, como el transporte, la agricultura y la pesca.

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Alcance y sectores afectados

En el diseño técnico del plan se baraja una combinación de plazos: medidas con revisión mensual que permitan ajustes rápidos y activación/desactivación automática por umbrales de IPC. Las autoridades sostienen que este doble mecanismo ofrece mayor flexibilidad y evita prolongar ayudas cuando ya no son necesarias. Además se pretende que las intervenciones sean proporcionadas al impacto observado en los indicadores macroeconómicos.

El Gobierno descarta, por ahora, recurrir a bonificaciones puntuales sobre el precio por litro como la rebaja de 20 céntimos que se aplicó en ejercicios anteriores, al entender que aquellas fórmulas no cumplieron las expectativas sobre la transmisión del descuento al consumidor final. En su lugar, prevalece la vía fiscal —reducciones temporales de impuestos o peajes— con controles para comprobar su eficacia.

Los sectores del transporte por carretera, la logística, la agricultura y la pesca figuran como beneficiarios prioritarios de las rebajas fiscales, por su alta sensibilidad al precio de los combustibles. Las medidas también incluirían alivios temporales en los costes regulados de la electricidad para amortiguar subidas bruscas en la factura doméstica e industrial.

En la rueda de prensa posterior al último Consejo, el ministro de Economía defendió la proporcionalidad y la flexibilidad del plan. Carlos Cuerpo subrayó la necesidad de ajustar la respuesta a la magnitud del choque y a la evolución de los precios.

«El plan de respuesta debe contar con un elemento de ‘flexibilidad’ y tiene que ser proporcional al impacto que estamos observando»

Contexto internacional y horizonte temporal

La duración del conflicto en el estrecho de Ormuz y sus efectos sobre las rutas del petróleo marcarán la efectividad y la duración de las medidas. Por ese paso transitan cerca del 20% de los productos petrolíferos, una circunstancia que agrava las tensiones en los mercados internacionales y hace prever episodios de volatilidad. El Ejecutivo reconoce que la evolución de la guerra condicionará la necesidad de prolongar o cerrar las intervenciones.

La experiencia tras la invasión de Ucrania llevó al Gobierno a aprobar sucesivos paquetes de apoyo; en esta ocasión se pretende limitar la respuesta inicial a lo que consideran imprescindible para no trasladar una sensación de emergencia permanente. Los técnicos trabajan en umbrales concretos del IPC que permitan automatizar la desconexión de rebajas fiscales cuando los precios se normalicen.

En clave interna, la propuesta ha suscitado debate entre los socios del Ejecutivo. Reivindicaciones del ala izquierda, como la moratoria de desahucios o medidas en vivienda, quedan fuera de este primer paquete por considerarse de mayor calado estructural. Fuentes próximas al Gobierno señalan que esas medidas podrían abordarse en un segundo bloque si la situación así lo exigiera.

El paso inmediato es la aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para este viernes y la posterior puesta en marcha del marco técnico que permita medir la evolución de los precios y activar o desactivar las medidas de forma automática. El Ejecutivo apela a la prudencia y a la capacidad de adaptación para responder a un escenario internacional marcado por la incertidumbre.