José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, negó este martes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid haber agredido sexualmente a una subordinada. La denunciante ratificó en la misma vista la versión que presentó en su denuncia, lo que mantiene abierta la investigación. El acusado atribuyó la denuncia a lo que definió como «maldad, ruindad y odio» y afirmó que le había supuesto un daño personal y profesional importante.

La comparecencia tuvo lugar en la sede judicial de Madrid y durante la sesión el titular del juzgado rechazó como medida cautelar la prohibición de comunicarse con la denunciante que solicitó su abogado. Ambos declarantes prestaron testimonio ante el magistrado y los abogados que les asisten, en un proceso que continúa su tramitación.

Según el relato facilitado por las partes, la inspectora que interpuso la denuncia fue la primera en declarar y, según su letrado, ofreció una declaración que calificó de «dura y difícil», en la que reiteró los extremos recogidos en la denuncia. La defensa del exalto mando, ya jubilado, insiste en la falta de veracidad de las acusaciones y sostiene que no existen fundamentos para las imputaciones.

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Declaraciones del acusado

A la salida del juzgado, González se dirigió a los periodistas para reafirmar su inocencia y cargar contra la motivación de la denuncia. Alegó que la acusación responde a resentimientos por no haber satisfecho «pretensiones profesionales y personales» de la denunciante, y denunció el impacto que, aseguró, la acusación ha tenido en su entorno familiar.

«Solo veo maldad, ruindad y odio»

«Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto»

Estas frases, pronunciadas en el exterior del juzgado, sintetizan la postura del exdirector adjunto operativo, que insistió en que las consecuencias para su reputación han sido severas, pese a mantenerse la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.

Contexto procesal y medidas de protección

El juez decidió no imponer la prohibición de comunicación solicitada por la representación de la denunciante, una medida que habría limitado cualquier contacto del investigado con la presunta víctima. La decisión judicial no cierra la vía penal ni impide que se adopten otras medidas si aparecen indicios que lo justifiquen durante la instrucción.

De forma paralela, fuentes oficiales informaron de que el Ministerio del Interior ha activado protección para la mujer que interpuso la denuncia, una actuación preventiva que suele aplicarse en estos casos cuando se considera necesario garantizar la seguridad de una denunciante.

El proceso seguirá con la práctica de diligencias que la fiscalía o el propio juzgado consideren oportunas, entre ellas posibles nuevas declaraciones, peritajes o recogida de pruebas que permitan determinar la verosimilitud de los hechos denunciados.

En la actualidad no consta en el informe público fecha concreta ni detalles pormenorizados del supuesto incidente durante la cobertura del acto, por lo que la instrucción deberá aclarar circunstancias temporales y probatorias relevantes para la causa.

La presencia de numerosos medios a las puertas del juzgado evidenció el interés público en el caso, que enfrenta la versión de una subordinada con la del que fue uno de los mandos más altos de la Policía Nacional. Ambas posiciones han quedado expuestas ante el magistrado, que ahora tendrá que valorar la existencia de indicios suficientes para continuar con una eventual imputación formal.

El procedimiento recuerda la complejidad de los procesos por delitos sexuales, donde la valoración de pruebas y testimonios es clave y la protección de las partes, así como la garantía de la presunción de inocencia, configuran el marco jurídico que seguirá el juzgado en los próximos pasos.

Mientras avanza la instrucción, fuentes judiciales y policiales declinaron hacer más comentarios sobre actuaciones internas o plazos concretos, y ambas partes se mantienen en sus posiciones públicas: la denunciante ratifica la acusación y el exalto mando niega categóricamente los hechos.