El gobierno local de Cangas anunció ayer la petición de nuevas inspecciones en el barrio del Bouzós para abordar las reiteradas inundaciones en el garaje del edificio Noria 4, afectado desde enero por la entrada de agua. La decisión se adoptó tras una reunión en el Concello celebrada con la participación de representantes municipales y vecinos, después de episodios que obligaron incluso a la intervención de buzos. Aunque la administración recuerda que se trata de una propiedad privada y que la responsabilidad recae en la comunidad de propietarios, ha accedido a colaborar ante el riesgo de que la situación derive en un problema de salubridad pública.

En el encuentro celebrado en el Consistorio estuvieron presentes la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, la edil de Medio Ambiente del Bloque Nacionalista Galego, Xiana Abal, y el responsable de Urbanismo, Antón Iglesias, junto a técnicos municipales y representantes de la comunidad afectada. Los vecinos habían reclamado previamente que el Concello autorizase la apertura de la calle para investigar el origen de las filtraciones y poder determinar responsabilidades, una medida a la que el gobierno local se mostró inicialmente reticente. La convocatoria sirvió, según fuentes municipales, para analizar de nuevo los informes técnicos disponibles y coordinar las actuaciones necesarias.

Los informes a los que alude el Concello incluyen peritajes e inspecciones realizadas por la empresa concesionaria del servicio de aguas y por técnicos municipales. Tras esas diligencias se resolvió un procedimiento judicial iniciado por la comunidad de Noria 4, cuya sentencia concluyó que no pudo acreditarse que las inundaciones estuviesen originadas por un fallo en la red municipal. Pese a esa exoneración de responsabilidad del Ayuntamiento, la persistencia de nuevos episodios en las últimas semanas ha motivado que la corporación decida promover nuevas comprobaciones.

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Los residentes del edificio llevan semanas intentando vaciar el garaje y contener las entradas de agua mediante bombeos constantes, pero la zona sigue registrando inundaciones recurrentes, según relatan. En algunas ocasiones fue preciso recurrir a buzos para actuar en puntos de difícil acceso, lo que evidenció la gravedad y la complejidad del problema. El Concello sostiene que, si bien las medidas estructurales corresponden a la comunidad de propietarios, colaborará en la coordinación técnica para identificar causas y soluciones que eviten riesgos a terceros.

La concejala Xiana Abal remarcó en la reunión la preocupación del gobierno local por la posibilidad de que la situación derive en un riesgo sanitario, argumento que ha pesado en la decisión de promover una respuesta conjunta entre todas las partes implicadas. Técnicos municipales y la empresa de aguas revisarán de nuevo la red y los puntos de drenaje del entorno, informaron fuentes del Concello, que aspiran a aclarar si existen conexiones o daños ocultos que expliquen las filtraciones. El objetivo declarado es conjugar la defensa de la competencia privada con la obligación municipal de proteger la salud pública.

Vecinos consultados por este periódico explican que las inundaciones comenzaron a registrarse con intensidad desde enero y que, pese a los bombeos continuos, siguen apreciando acumulaciones de agua en el aparcamiento que perjudican vehículos y las zonas comunitarias. La comunidad ha manifestado su frustración por la lentitud en la resolución y por la sucesión de episodios que obligan a reparaciones continuas. Por su parte, el gobierno local asegura estar dispuesto a facilitar los medios técnicos precisos para determinar con claridad el origen de las filtraciones.

En la reunión también se repasaron las actuaciones ya realizadas, que incluyen la revisión de las acometidas de agua y las estructuras de evacuación existentes, así como las inspecciones visuales y periciales solicitadas anteriormente. El fallo judicial que absolvió al Concello se apoya en la imposibilidad de demostrar un vínculo directo entre la red municipal y las inundaciones denunciadas, una conclusión que no satisface del todo a los propietarios, que consideran insuficientes algunas de las comprobaciones. Ante ese desencuentro, el Ayuntamiento ha optado por solicitar nuevos informes y pruebas que aporten mayor claridad técnica.

El gobierno local anunció que las nuevas inspecciones estarán orientadas a evaluar tanto la infraestructura pública como las posibles deficiencias internas del inmueble, y que se estudiará la conveniencia de intervenir en el viario si fuera necesario para localizar el origen de las filtraciones. Mientras tanto, los vecinos seguirán realizando labores de desagüe y reclamando soluciones definitivas para evitar daños materiales y problemas de salubridad. El caso de Noria 4 ya acumula meses de conflicto y reclama ahora una respuesta técnica más exhaustiva que permita cerrar el expediente con garantías para todos.