Una legislación obsoleta para fuegos que ya mutaron
La imagen resulta escalofriante por su cruda normalidad: unos jóvenes observan, casi con parsimonia, las llamas de un incendio forestal activo en la parroquia lucense de San Salvador de Ínsua, en el municipio de Taboada. Esa fotografía, tomada hace apenas unos días, encapsula a la perfección la dramática asimilación colectiva del fuego en el rural gallego. Lo que en otras geografías europeas provocaría el pánico o el estupor más absoluto, aquí se ha convertido casi en un paisaje recurrente de la estación estival. Sin embargo, detrás de esa peligrosa costumbre visual late una urgencia administrativa notable: el afán de la Administración autonómica por culminar antes de que finalice el año en curso una nueva ley de incendios que lleva interminables cinco años de tramitación burocrática.
El escenario es profundamente paradójico. Mientras el territorio sigue ardiendo y los habitantes asisten al fenómeno con una preocupante dosis de estoicismo, la maquinaria institucional mantiene en un limbo jurídico una herramienta legal concebida precisamente para adaptar la estrategia de defensa del monte a las nuevas y complejas tipologías de siniestros. La pretensión actual de las autoridades gallegas de acelerar los tiempos para lograr su aprobación definitiva antes del próximo mes de enero evidencia, de forma palmaria, un retraso más que considerable en políticas que deberían marcar el ritmo de la prevención, y no ir siempre un paso por detrás de la emergencia real.
El fantasma de Larouco y el cambio en la peligrosidad
El calendario avanza sin pausa hacia la fecha en que se cumplirá un año completo desde que el término municipal de Larouco, concretamente en la parroquia de Seadur, se convirtiera en el epicentro del que todavía a día de hoy se considera el mayor desastre de este tipo registrado en toda la historia de la Comunidad Autónoma. Aquel devastador episodio, que se inició a mediados del mes de agosto del año pasado, marcó un auténtico punto de inflexión en la forma de entender y combatir las llamas en esta comunidad atlántica. La agresividad sin precedentes de aquel megaincendio puso de manifiesto, de forma brutal e incontestable, que los protocolos, los recursos y el marco normativo vigente habían quedado completamente desbordados.
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Conoce más →Aquel suceso destapó una cruda realidad operativa: los patrones tradicionales de comportamiento del fuego habían mutado de manera sustancial. Los modelos de propagación a los que estaban acostumbrados los dispositivos de extinción ya no servían para hacer frente a estas nuevas columnas de fuego de una virulencia inusitada. De este modo, la futura regulación legislativa se presenta como una necesidad acuciante y no como un mero trámite de actualización burocrática. El objetivo primordial de este nuevo marco normativo pasa, necesariamente, por actualizar toda la estrategia de prevención y respuesta para hacerla efectiva contra estos siniestros de quinta generación, caracterizados por su extrema velocidad e imprevisibilidad.
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Hosting WordPress →Monte abandonado y rural en vilo
Más allá de los despachos de la consellería correspondiente y del histórico retraso en la publicación de los textos legales, subyace un problema estructural de enorme calado que ninguna ley por sí sola podrá resolver a corto plazo. La continua pérdida de población en las zonas del interior, el envejecimiento demográfico galopante y el consecuente abandono masivo de las actividades tradicionales agroforestales han propiciado un inmenso y continuado proceso de acumulación de biomasa combustible en amplias zonas del territorio. Galicia alberga actualmente un paisaje que, tristemente, está abonado para que la contingencia de un pequeño conato de fuego derive de manera casi inmediata en una catástrofe ecológica de proporciones incalculables.
La situación que se repite cíclicamente en demarcaciones como la de Lugo, donde la población se
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