El Observatorio da Dependencia ha confirmado este viernes, 13 de marzo de 2026, que Galicia es la comunidad autónoma con los mejores resultados en la gestión de los expedientes de dependencia en España, y es el territorio donde menos personas fallecen mientras esperan la resolución de su solicitud. El informe sitúa a la comunidad por encima de la media nacional en varios indicadores clave, gracias al incremento de personas atendidas y a la reducción de los tiempos de espera tras la ejecución del Plan de choque de la Xunta. Los datos hacen que Galicia mejore su puntuación y se coloque entre las primeras autonomías en rendimiento en esta materia. La administración gallega atribuye estos avances a las medidas adoptadas para agilizar expedientes y reclama al Gobierno central que retire el recurso contra su plan y asuma la financiación que le corresponde.

Según el Observatorio, el número de personas atendidas en Galicia creció en 16.500 beneficiarios, un aumento del 21% que deja a la comunidad 11 puntos por encima de la media nacional en este capítulo. La mejora en la cobertura se traduce también en una mejor valoración global: Galicia alcanza una puntuación de 6,8 sobre 10, medio punto y medio más que en el ejercicio anterior, lo que la sitúa como la tercera autonomía con mejor nota. Estos avances se reflejan además en una caída significativa de los casos en los que existe resolución pero pendiente la prestación del servicio: la cifra se redujo en un 50%, frente al 4,54% de media en España. El informe resalta que estas cifras minimizan el número de personas que mueren a la espera de una respuesta.

El informe atribuye parte de la mejora al denominado Plan de choque de la Xunta, que, según los datos facilitados, resolvió más de 86.000 expedientes y recortó los tiempos de espera en aproximadamente dos meses. La Xunta sostiene que esas actuaciones permitieron descongestionar los registros y acelerar la asignación de recursos y prestaciones, desde la teleasistencia hasta las ayudas para la atención domiciliaria y residencial. No obstante, el Ejecutivo autonómico mantiene que la sostenibilidad y la calidad del sistema dependen también del compromiso financiero del Estado, por lo que reclama una participación mayor en el coste del sistema de dependencia.

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La posición de la Xunta ha tenido consecuencias políticas. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció que Galicia se personará ante el Tribunal Constitucional por el recurso presentado por el Gobierno central contra el Plan de choque, y exige la retirada de ese recurso como condición para normalizar la prestación. La administración gallega insiste en que la ley dicta la responsabilidad compartida y la necesidad de una financiación estable para garantizar la atención de las personas en situación de dependencia. La confrontación política se plantea, por tanto, tanto en el terreno jurídico como en el del reparto de fondos entre administraciones.

En términos económicos, la Xunta acusa al Ejecutivo central de acumular una deuda importante en esta materia, que cifra en 2.900 millones de euros con Galicia. Ese pasivo, según fuentes autonómicas, refleja aportaciones pendientes por parte del Estado que deberían contribuir al sostenimiento de las prestaciones recogidas en la ley de dependencia. La reclamación de la Xunta incluye el pago del 50% de la factura de la dependencia, una exigencia que ha repetido en sus contactos con el Gobierno central y que considera esencial para mantener los programas vigentes.

Los técnicos del Observatorio destacan que, pese a las mejoras, existen aún retos por delante, entre ellos la necesidad de asegurar la continuidad de la atención y la estabilización de las plantillas profesionales que prestan los servicios. La reducción de los tiempos de espera es un dato positivo, pero el organismo advierte de la importancia de consolidar los recursos para evitar retrocesos ante eventuales cambios administrativos o recortes presupuestarios. En ese sentido, la coordinación entre la Xunta y las entidades locales sigue siendo clave para convertir mejoras puntuales en avances sostenibles.

Organizaciones y entidades del tercer sector han saludado la reducción de listas y la mejora en la tramitación, aunque algunas fuentes apuntan que la cuantía de las prestaciones y la cobertura efectiva todavía presentan desigualdades entre comarcas. Los profesionales del ámbito sociosanitario subrayan la necesidad de combinar la agilización administrativa con medidas que fortalezcan la red de cuidados, desde la atención domiciliaria hasta la oferta residencial y los servicios de apoyo a cuidadores. La dispersión territorial de Galicia hace que las soluciones deban adaptarse a realidades locales muy dispares.

El informe del Observatorio da Dependencia confirma que Galicia mejora indicadores esenciales y reduce la mortalidad ligada a la espera de resolución, pero el debate sobre la financiación y la legalidad del Plan de choque alimenta la tensión con el Estado. La Xunta reclama la retirada del recurso y el cumplimiento del compromiso financiero por parte del Gobierno central, mientras que el resultado final de ese enfrentamiento determinará en buena medida la capacidad de la comunidad para mantener y ampliar los avances registrados. A corto plazo, los datos publicados este viernes constituyen un argumento a favor de las políticas de agilización, aunque la estabilidad del sistema dependerá en gran medida de acuerdos interadministrativos y de recursos suficientes.