El Congreso ha dado luz verde a la transferencia de la AP-9 a la Xunta, pese al voto en contra del PP. La iniciativa, promovida por el Gobierno central y apoyada por fuerzas nacionalistas y de izquierda, avanza en un escenario de creciente debate sobre la gestión de infraestructuras en Galicia.
Quien circule en los próximos meses por el enlace de Arteixo notará algo distinto: no será solo un cruce más entre A Coruña y Ferrol, sino un símbolo en movimiento. Porque la AP-9 no es solo hormigón, asfalto y barreras de contención. Es el eje que une el norte y el sur de la comunidad, el pulmón de la movilidad gallega, y desde hoy, un asunto que oficialmente empieza a pertenecer más a Galicia.
El sí que pesa más que el no
El debate en la cámara baja fue tenso, breve y previsible. El voto del PP se alineó con su postura histórica: oposición a la transferencia de competencias en materia de carreteras del Estado a las comunidades autónomas. Pero no fue suficiente. Junto al apoyo del PSOE, Sumar y formaciones periféricas, la propuesta salió adelante. No por mucho, pero salió.
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Conoce más →No es menor el dato: es la primera vez que una autopista de titularidad estatal y con peaje se plantea su traspaso integral a una comunidad que no lo ha gestionado nunca. Hasta ahora, la Concesionaria de la Autopista del Atlántico era la encargada, bajo supervisión del Ministerio de Transportes. Ahora, ese rol podría pasar a manos de una entidad dependiente de la Xunta.
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Hosting WordPress →Las cifras, concretas y frías, no dejan lugar a equívocos. Más de 2,3 millones de euros anuales en ingresos por peajes. Cerca de 140 kilómetros de vía. Una media de 50.000 vehículos diarios en el tramo más transitado, entre A Coruña y Neda. La cifra habla por sí sola.
¿Por qué el PP dice que no?
Fuentes del partido argumentan que la medida responde a intereses políticos más que técnicos, y que poner en riesgo la viabilidad financiera del corredor no beneficia a los usuarios. Conviene recordar que la AP-9, aunque vital, no es autosuficiente: en años de baja recaudación, el mantenimiento depende de aportaciones públicas.
Pero a nadie se le escapa que detrás del rechazo hay también una cuestión de modelo territorial. El PP defiende un Estado con mayor control sobre las grandes infraestructuras. Galicia, por el contrario, insiste en que conoce mejor sus necesidades. “Quien vive aquí sabe por dónde pisan los gallegos”, apuntó un alto cargo municipal de la comarca de Ferrolterra, en privado.
Lo cierto es que la gestión directa permitiría a la Xunta tomar decisiones sin pedir permiso: rebajas tarifarias, campañas de mantenimiento prioritario, incluso la posible eliminación progresiva del peaje. Nadie lo anuncia aún, pero está en el aire. Demasiado tiempo.
Un modelo ya probado en otras vías
Galicia no parte de cero. La gestión de la AC-15, entre Santiago y Ourense, lleva años en manos autonómicas. También la LU-40, la rotonda vital de Lugo. En ambos casos, las quejas de los conductores han bajado, según datos del Observatorio de Movilidad. Las respuestas, más ágiles.
Basta con mirar cómo reaccionó la Xunta ante el deslizamiento en la AP-9 a la altura de Ortigueira el pasado invierno. Hubo coordinación, sí, pero lentitud. Desde el departamento de Infraestructuras admiten que, con competencias plenas, el asfalto se habría secado antes.
No parece casualidad que municipios como Betanzos o Pontedeume hayan cambiado su discurso en los últimos meses. De la desconfianza inicial, pasan ahora a pedir “inversiones compensatorias” una vez la vía cambie de manos. Hay interés local, y mucho.
El futuro está en la tarifa
El gran interrogante sigue siendo: ¿qué pasará con el peaje? Hoy, un coche paga algo más de 13 euros entre Baiona y A Coruña. Esa cifra podría reducirse. O incluso desaparecer, si se opta por financiar la autopista con fondos públicos, como ocurre ya en otras regiones europeas.
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