PSOE, Sumar y BNG han registrado en el Congreso una proposición de ley para transferir a la Xunta la titularidad de la AP-9, la autopista del Atlántico que vertebra Galicia de norte a sur. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de los tres grupos, pretende dar respuesta a una reivindicación histórica de la sociedad gallega. Sin embargo, el presidente autonómico ya ha advertido que el texto se queda corto y no responde a las necesidades reales del territorio.
El pacto parlamentario llega después de meses de negociaciones discretas y de una presión constante desde Santiago. La propuesta plantea el traspaso de la concesión, actualmente en manos del Estado, a la comunidad autónoma, un paso que muchos consideran clave para rebajar los peajes y mejorar la conectividad. Pero el mandatario gallego, lejos de celebrar, ha puesto sobre la mesa sus reservas. Demasiado tiempo esperando, dice, para un texto que no garantiza ni la gratuidad ni las inversiones necesarias.
Un pacto parlamentario con sabor agridulce
La proposición de ley presentada en la Cámara Baja establece el marco para iniciar el proceso de transferencia de la AP-9. Los grupos firmantes defienden que es el primer paso para que la Xunta asuma la gestión y pueda negociar una reducción de las tarifas. A nadie se le escapa que la autopista, que conecta Ferrol con Vigo y pasa por A Coruña, Santiago y Pontevedra, es una de las más caras de España. Basta con mirar los precios en los tramos de Rande o A Barcala para entender el descontento ciudadano.
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Conoce más →No es menor el dato de que el acuerdo se produce en un contexto político delicado, con el Gobierno central necesitado de apoyos parlamentarios. La iniciativa incorpora también una disposición para que la transferencia no suponga un coste adicional para las arcas gallegas. Fuentes parlamentarias consultadas aseguran que la idea es que la comunidad asuma la titularidad pero con una compensación económica del Estado para cubrir las inversiones pendientes. La cifra habla por sí sola: la AP-9 genera más de 100 millones de euros al año en peajes, una cantidad que ahora iría íntegramente a la Xunta.
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La autopista del Atlántico acumula una larga lista de agravios. Inaugurada en los años setenta, su concesión se prorrogó hasta 2048 en una de esas decisiones que siempre levantaron sospechas. Los peajes siguen subiendo cada año, y los tramos más conflictivos, como el que une Vigo con O Morrazo a través del puente de Rande, sufren atascos constantes. La gratuidad es una demanda transversal en toda Galicia, desde los empresarios hasta los conductores particulares.
El pacto parlamentario no habla de gratuidad inmediata, sino de transferencia de gestión. Ahí está la clave del malestar en la Xunta. El presidente autonómico sostiene que el acuerdo es «insuficiente» porque no aborda la condonación de la deuda que el Estado arrastra con la concesionaria ni fija un calendario concreto para la rebaja de tarifas. En su opinión, el texto es un brindis al sol, una declaración de intenciones que no resuelve el problema de fondo. Quien conduce cada día por la AP-9 sabe que el bolsillo nota la diferencia entre pagar o no pagar.
La respuesta desde Santiago: más ambición
Desde la sede de la Xunta, en el complejo de San Caetano, las reacciones no se hicieron esperar. El titular del gobierno gallego compareció ante los medios para exponer sus objeciones, pero también para exigir mejoras. «Galicia merece un trato justo», dijo un portavoz del ejecutivo autonómico. El discurso oficial apela a que la AP-9 no puede ser un negocio para el Estado, sino una infraestructura al servicio del territorio.
Conviene recordar que la Xunta ya ha reclamado en varias ocasiones la transferencia de la autopista, y que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una resolución en ese sentido. El hecho de que ahora sea el Congreso quien dé el primer p
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