Editorial: ocho años de silencio en el CHUO

Editorial: ocho años de suspensión en el CHUO — cuando el sistema protege al agresor y abandona a la víctima

La noticia es escalofriante: un ginecólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) ha sido suspendido durante ocho años por motivos que afectan directamente a la confianza de las pacientes. Ocho años. Eso significa que durante casi una década, las mujeres que acudieron a la consulta de este profesional en uno de los hospitales de referencia de Galicia pudieron ser objeto de malos tratos, negligencia o conductas inadecuadas, mientras la administración sanitaria miraba hacia otro lado. La pregunta es obvia y dolorosa: ¿cuántas pacientes tuvieron que sufrir antes de que alguien decidiera actuar?

El caso del ginecólogo del CHUO no es un incidente aislado. Es el síntoma de un sistema sanitario que prioriza la protección de la institución sobre la protección de las pacientes. Cuando un profesional de la salud comete faltas graves, la respuesta institucional debería ser inmediata: investigación transparente, comunicación a las afectadas y sanción ejemplar. En lugar de eso, lo que suele ocurrir es un proceso interno opaco, con expedientes disciplinarios que se arrastran durante años, en los que el profesional es apartado del servicio —o no— y en los que las pacientes nunca son informadas de lo que ha ocurrido. La cultura del silencio institucional es la peor cómplice de los abusos en el sistema sanitario.

El problema se agrava cuando el profesional implicado es un ginecólogo. La relación entre una mujer y su ginecólogo se basa en una confianza absoluta: confianza física, emocional y profesional. Cuando esa confianza se traiciona, el daño no es solo físico: es psicológico, profundo y duradero. Muchas de las mujeres que pasaron por la consulta de este profesional en esos ocho años pueden no saber nunca que fueron objeto de mala praxis o conductas inadecuadas. Y las que lo saben, o lo sospechan, se enfrentan a un sistema que no les facilita el acceso a la información ni a la justicia. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) tiene la obligación moral y legal de contactar a todas las pacientes que pudieron verse afectadas y de ofrecerles apoyo psicológico y jurídico.

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Pero la responsabilidad no termina en el Sergas. La Consellería de Sanidade, el defensor del paciente y el Parlamento gallego deben abrir una investigación sobre cómo se gestionó este caso, por qué tardó ocho años en resolverse y qué falló en el sistema de supervisión y control. Es inaceptable que un profesional con conductas graves haya podido mantener su puesto durante casi una década mientras las pacientes estaban desprotegidas. Si la investigación revela que hubo encubrimiento o negligencia institucional, las responsabilidades políticas y administrativas deben depurarse sin excepción.

La sanidad gallega, que tantos esfuerzos ha hecho en las últimas décadas por mejorar su calidad y su reputación, no puede permitirse casos como este. Cada vez que el sistema protege al agresor y abandona a la víctima, la confianza de toda la ciudadanía en la sanidad pública se resquebraja. Y una sanidad sin confianza no es una sanidad. Es solo un edificio con camas.