El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, registró esta semana una batería de iniciativas para instar al Gobierno central a transferir a la comunidad autónoma la titularidad y la gestión del Pazo de Meirás, después de que el Tribunal Supremo confirmase la titularidad pública del inmueble. La petición pretende que el pazo pase «definitivamente al pueblo gallego» y se convierta en un espacio dedicado a la memoria histórica y democrática.

Qué solicita el BNG y por qué

La iniciativa nacionalista va más allá de la mera cesión formal: exige garantías explícitas sobre el uso, la financiación y la participación ciudadana en la gestión. El BNG reclama que la transferencia se articule de modo que la gestión quede «desde Galicia para Galicia», con la implicación de las entidades memorialistas que, según Rego, fueron decisivas en la recuperación del bien. Entre las prioridades figura la restauración documental, la apertura al público y la puesta en marcha de programas educativos que expliquen la historia de expolio y represión ligada al pazo.

Rego advirtió que recuperar la titularidad pública no puede entenderse como un fin en sí mismo. «No llega con recuperar la titularidad pública, es necesario asegurar un uso coherente con la historia de expolio y represión que representa este espacio», recalcó en su escrito al Congreso, reclamando además compromisos presupuestarios claros para garantizar la sostenibilidad de cualquier proyecto que se plantee.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

«Es el momento de dar un paso adelante y garantizar que el Pazo de Meirás sea gestionado desde Galicia para Galicia, como un verdadero lugar de memoria democrática»

Otra de las reclamaciones que incorpora la iniciativa es la exigencia de que el Estado persiga judicialmente el cobro de una indemnización a la familia Franco por la apropiación del pazo. Rego critica que sería «incomprensible» que los herederos recibiesen compensaciones económicas tras la sentencia que declara la titularidad pública y subraya la necesidad de reparar a la sociedad gallega por lo que el BNG califica de apropiación indebida.

Antecedentes y simbología en Galicia

El Pazo de Meirás, situado en el municipio de Sada, muy cercano a la ciudad de A Coruña, es uno de los símbolos más polémicos del legado franquista en Galicia. Durante décadas fue utilizado como residencia vinculada a la familia de Francisco Franco y ha sido objeto de una larga batalla legal y social que alcanza ahora un nuevo capítulo tras la resolución del Tribunal Supremo. Las movilizaciones de vecinos, historiadores y asociaciones memorialistas han marcado el ritmo de esa reclamación pública, que el BNG presenta como fruto de la presión ciudadana.

En la comunidad existe una sensibilidad particular sobre este tipo de bienes. Galicia, con su historia de emigración, represión y memoria local, ha vivido debates similares en torno a monumentos y espacios cargados de simbolismo. La petición del Bloque se enmarca en esa sensibilidad: no se trata únicamente de custodiar un edificio sino de transformar un vestigio del pasado en un recurso público, didáctico y accesible, que explique con rigor las circunstancias históricas y la violencia institucional vinculada al franquismo.

La discusión sobre el modelo de gestión también remite a experiencias nacionales en las que bienes relacionados con el franquismo han sido reconvertidos en centros documentales o museísticos. Para el BNG, la fórmula idónea sería una transferencia que habilite la creación de un consorcio público donde participen la Xunta, los ayuntamientos y, de manera destacada, las entidades memorialistas y la sociedad civil gallega.

Repercusiones políticas y pasos siguientes

La iniciativa del Bloque plantea varias tensiones políticas. En primer lugar, obliga al Gobierno central a pronunciarse sobre la fórmula jurídica para la transferencia y sobre los recursos necesarios. En segundo lugar, abre un debate sobre responsabilidades pasadas: Rego ha señalado directamente al PP y al expresidente de la Xunta, Alberto Feijóo, a quien acusa de encargar un informe en su etapa autonómica que habría validado la «posesión de buena fe» de los herederos, una posición que el BNG califica de «irracional e injusta».

En el Congreso, las iniciativas del diputado nacionalista pueden traducirse en preguntas, solicitudes de comparecencia del Gobierno y, eventualmente, en una proposición no de ley para marcar una voluntad política. La ejecución práctica dependerá luego de la negociación entre administraciones: el Estado deberá decidir si transfiere la titularidad a la Xunta o si prefiere un marco de gestión compartida que garantice la participación social y la financiación estable.

En paralelo, la vía judicial sobre posibles indemnizaciones mantiene interrogantes. El BNG pide que el Estado reclame responsabilidades patrimoniales a la familia Franco, pero un proceso de ese tipo puede ser complejo y prolongado. Además, la sociedad civil vigila de cerca que la resolución judicial no sea la última palabra: asociaciones de memoria y grupos vecinales reclaman ser parte activa en la definición de usos y en la vigilancia de que se cumplan las promesas de reparación simbólica.

Para la ciudadanía gallega, la restitución del pazo debe traducirse en reparación y en un uso educativo y público. Si algo ha dejado claro el largo conflicto en torno a Meirás es que, más allá de la propiedad registral, está en juego la interpretación del pasado y la capacidad de las instituciones para gestionar un legado incómodo. La pelota, ahora, está en el tejado del Gobierno central. Queda por ver si acepta la transferencia solicitada por el BNG y si, en caso contrario, propone una alternativa que garantice la memoria, la participación y los recursos necesarios para que el Pazo de Meirás deje de ser una herida abierta y pase a ser un patrimonio colectivo al servicio de las generaciones futuras.