Las imágenes del incendio de Las Peñas de Riglos, en el Pirineo oscense, llenaron esta semana los informativos de medio país. Ahora bien, para quien vive en Galicia, esas columnas de humo no son una imagen lejana. Son, más bien, un espejo incómodo.
Lo cierto es que el fuego en Huesca —con miles de hectáreas calcinadas y varios municipios desalojados— ha reactivado en la comunidad gallega una conversación que nunca llegó a cerrarse del todo. ¿Y por qué? Porque aquí ya vivimos esto. De hecho, lo vivimos en su versión más cruda.
Octubre de 2017: la herida que no cierra
Cabe recordar que aquel octubre negro de 2017 Galicia ardió como pocas veces en su historia reciente. En apenas cuatro días, el fuego arrasó más de 53.000 hectáreas, según las cifras oficiales de la Xunta. Cuatro personas murieron. La comarca do Barbanza, en A Coruña, fue uno de los epicentros: municipios enteros como A Lama, Cotobade o Cerdedo vieron desaparecer bajo las llamas un paisaje que tardará décadas en recuperar.
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Conoce más →«Aquellas noches en el Barbanza no se olvidan. Lo que aprendimos es que el problema no es solo el fuego, es el monte abandonado que tenemos detrás de casa», recuerda un técnico forestal de la comarca que participó en la extinción.
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La sentencia aún colea. Varios processos judiciales derivados de aquellos incendios siguen su curso años después, y la memoria de los vecinos de O Morrazo, Viveiro o la comarca de Deza sigue viva. La morriña, en este caso, es también memoria del fuego.
Un monte abandonado que juega en contra
Lo cierto es que el diagnóstico no ha cambiado sustancialmente desde entonces. Galicia tiene alrededor de un 70 % de su superficie forestal en manos privadas, muchas veces en minifundio y sin gestión activa. El abandono rural, el avance de especies inflamables como el eucalipto y el pino, y la acumulación de biomasa convierten el paisaje en un depósito de combustible.
De hecho, el eucaliptar gallego no ha dejado de crecer. Las cifras del último Inventario Forestal señalan que las masas de eucalipto ocupan ya más de 400.000 hectáreas, en expansión constante desde hace dos décadas. Un dato que, puesto en contexto, explica por qué los expertos llevan años avisando: el problema no es tanto que arda, sino qué es lo que arde.
La Xunta ha impulsado desde 2017 planes como el de prevención y defensa contra incendios, con quemas prescritas, cortafuegos y la ampliación de la campaña a los doce meses. Ahora bien, las asociaciones forestales y vecinales insisten en que la gestión del monte sigue siendo la asignatura pendiente. Sin manos que trabajen la terra, dicen, no hay plan que aguante.
¿Está Galicia preparada para este verano?
La pregunta flota en el aire cada vez que arde algo fuera. Los efectivos de extinción —Avia, brigadas, retenes— se movilizan en verano con intensidad, y el dispositivo gallego es de los más robustos del Estado. Sin embargo, la retranca gallega obliga a ser honestos: la prevención estructural avanza más lento que el propio cambio climático.
Las olas de calor cada vez más frecuentes y la sequía estructural alargan la temporada de riesgo. Lo que antes era un verano delicado es ahora un año entero en alerta. El fuego de Las Peñas de Riglos, como antes el de Barbanza, nos recuerda que la frontera entre la imagen televisiva y la tragedia propia puede ser tan fina como una línea de viento.
Queda la memoria, que en Galicia es larga. Y queda, sobre todo, la tarea: recuperar el monte, gestionarlo y devolverle gente. Porque el mejor cortafuegos, como dicen por ahí arriba en las aldeas, sigue siendo el vecino que cuida lo suyo.
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