El PP gallego se suma a la ofensiva para que García Ortiz declare en el Congreso

El goteo de informaciones sobre la trayectoria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha terminado por desbordar el dique institucional. De hecho, la presión política sobre la cúpula del Ministerio Público se ha intensificado enormemente en las últimas semanas, abriendo un debate que trasciende las fronteras de Madrid. El Partido Popular ha exigido formalmente su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre diversas controversias envueltas en un fuerte tono mediático. Ahora bien, lo que empezó como un pulso estrictamente capitalino rápidamente ha encendido los focos en nuestra comunidad, donde el eco de la justicia estatal siempre resuena con fuerza. La salud democrática de las instituciones es un asunto que no deja indiferente a nadie en la terra.

Desde la sede del Obradoiro, la sintonía con la dirección nacional de Genoa es absoluta. Los principales dirigentes del PPdeG consideran que la transparencia del máximo representante de la Fiscalía es inaplazable, exigiendo una comparecencia que consideran innegociable para esclarecer su gestión. Lo cierto es que no es para menos, ya que la percepción de independencia judicial es un pilar básico del Estado de derecho que muchos sienten tambalearse. En Galicia, el peso específico de los conservadores en las instituciones autonómicas hace que cualquier movimiento en el tablero nacional se traduzca en un posicionamiento estratégico inmediato en nuestro ámbito político. Para los populares gallegos, la credibilidad de la institución está en juego, una preocupación que suponen compartida por tres de cada cuatro ciudadanos según sus propias encuestas internas.

El silencio cauteloso de la carrera fiscal gallega

Mientras la clase política se afila las armas, en los pasillos de la Fiscalía Autonómica de Galicia el clima es bastante más cauto y reflexivo. La carrera fiscal, por naturaleza, es muy celosa de su independencia y suele mirar de reojo cualquier conflicto que politice su labor diaria. Por ello, los fiscales gallegos observan el ruido mediático que envuelve a García Ortiz con cierta morriña institucional, echando de menos tiempos pasados donde las cúpulas no copaban los titulares de prensa con tanta asiduidad. Cabe recordar que la delegación territorial en nuestra comunidad tiene su propia agenda de prioridades, centrada en delitos económicos, violencia de género o narcotráfico. Allí, la principal preocupación de los juristas es que esta tormenta política en la cúpula no acabe salpicando ni condicionando el trabajo riguroso que se hace a pie de juzgado. Las fuentes fiscales consultadas prefieren mantener un perfil bajo, evitando pronunciarse públicamente sobre el fiscal general para no vulnerar la férrea disciplina interna que marca el estatuto orgánico.

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Esa prudencia oficial, no obstante, no oculta la realidad palpable en las salas de espera de los tribunales. Muchos profesionales del derecho en Galicia entienden que el actual fiscal general debería dar la cara cuanto antes para limpiar la imagen de un cuerpo fundamental para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, otros tantos aplican la retranca más pura para esquivar el tema, argumentando que las disputas entre partidos deben quedar fuera de las fiscalías. Es la división habitual entre quienes ven con preocupación la deriva de las instituciones y quienes prefieren seguir sumidos en el papeleo cotidiano. Esta grieta de opiniones refleja el malestar que a veces se respira en el ámbito judicial, donde un 70 % de los efectivos cree que la política influye excesivamente en sus promociones y destinos.

Ecos en la judicatura y en el espectro político autonómico

El ámbito judicial gallego tampoco es ajeno a este tiras y aflojas. Jueces y magistrados de nuestras cuatro provincias analizan cómo la supuesta politización de la Fiscalía General repercute inevitablemente en la percepción ciudadana de la justicia ordinaria. La separación de poderes es el mantra que se repite en las reuniones privadas de las distintas asociaciones profesionales con presencia en Galicia.

«Es fundamental que la cabeza visible del Ministerio Público aclare cualquier sombra de inmediato, porque la desconfianza que se genera en la cúpula de Madrid acaba empañando el riguroso e impecable trabajo diario de los fiscales en toda Galicia»,

apunta un veterano magistrado de la Audiencia Provincial con décadas de experiencia en los tribunales gallegos.

El bloque de la oposición en el Parlamento gallego, liderado por el PSdeG y secundado por el BNG, no quiere que este debate se desvíe de las verdaderas prioridades de los gallegos. Prefieren centrar el tiro en los asuntos económicos y sociales antes que entrar en lides sobre la figura del fiscal general, aunque evitan respaldar de forma explícita su gestión. Aun así, no cierran la puerta a que comparezca, siempre y cuando ese acto sirva para despejar dudas y no para alimentar un espectáculo continuo. Es el clásico equilibrio político donde todos intentan sacar rédito sin quemarse excesivamente en el proceso.

La ofensiva popular para llevar a García Ortiz a la Carrera de San Jerónimo seguirá su curso en las próximas semanas legislativas, prometiendo un otoño político ciertamente caliente. El PPdeG mantendrá su respaldo firme a la iniciativa, reforzando su perfil de partido defensor de la institucionalidad. Mientras tanto, los profesionales de la toga en nuestra comunidad seguirán pegados a sus expedientes, ajenos al ruido pero muy atentos a las consecuencias. La justicia, al final, es esa impartida de puerta para adentro.