Un profesor despedido por negarse a cumplir una orden de su colegio ha encendido la mecha de un debate que en Galicia llega cargado de morriña laboral. El caso, que ha saltado a los medios estatales, plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debe llegar la obediencia de un docente dentro de un centro educativo? Y, sobre todo, ¿con qué garantías cuenta quien responde?
Lo cierto es que el debate sobre la disciplina interna en los colegios suele analizarse desde la óptica del alumnado. Ahora bien, este caso invierte el espejo y pone el foco en el profesorado, en sus condiciones de trabajo y en el margen real que tienen para discrepar sin perder su puesto. De hecho, los sindicatos de la enseñanza llevan años advirtiendo de que la precariedad convierte la discrepancia en un lujo que muchos no pueden permitirse.
El caso que reabre la caja de Pandora
Según la información que ha trascendido, el profesor fue cesado tras negarse a acatar una instrucción del centro que consideraba contraria a su criterio profesional. La dirección entendió que se producía un incumplimiento grave; el docente sostiene que ejercía su libertad de cátedra. Un juez tendrá ahora la última palabra, pero el conflicto ya ha servido para destapar algo que en las salas de profesores se comenta desde hace tiempo en voz baja.
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Conoce más →«Detrás de cada disputa formal sobre disciplina hay casi siempre una plantilla agotada y sin contrato digno», resume un responsable sindical del sector de enseñanza en Galicia.
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Cabe recordar que la libertad de cátedra está reconocida constitucionalmente, pero su aplicación cotidiana depende en gran medida de la dirección de cada centro y del clima laboral que se respire en él. En los colegios concertados, donde el poder directivo es más discrecional, los docentes dependen de decisiones internas que rara vez se revisan de forma independiente.
Galicia, un mapa de sustituciones eternas
La situación gallega tiene matices propios. Cada curso se encadenan interinidades que se convierten, en la práctica, en contratos de Septiembre a Junio, con huecos veraniegos sin nómina y con traslados de un extremo al otro de la terra. Según los datos que manejan los sindicatos, la mayoría del profesorado que entra en la pública gallega tarda años en lograr la ansiada plaza en propiedad, y muchos acumulan decenas de destinos distintos en la misma comunidad.
Esa rotación constante tiene consecuencias pedagógicas evidentes. Un alumno de secundaria puede pasar un curso entero con dos o tres profesores diferentes en la misma materia, algo que, según reconocen desde las asociaciones de madres y padres, afecta directamente a la continuidad del aprendizaje. En los conciertos, donde no existe un sistema público de interinidades comparable, la situación es aún más opaca: los contratos temporales se renuevan al albur de las matrículas y de las decisiones de los titulares del centro.
Ahora bien, el problema no es solo numérico. Un docente interino sabe que su continuidad depende de no crear fricciones, y esa lógica de supervivencia erosiona la capacidad de decir no. En el caso que ocupa los titulares, el profesor habría asumido ese riesgo. La mayoría, admiten los propios afectados en conversaciones informales, prefiere obedecer primero y preocuparse después.
Disciplina sí, pero con reglas claras
Los expertos en derecho laboral explican que la desobediencia puede ser causa de despido, pero exige que la orden sea legítima, proporcionada y comunicada de forma correcta. Cuando esa orden toca el ejercicio profesional del docente, la balanza se complica. Y aquí es donde el caso gallego cobra interés: no se trata solo de un conflicto individual, sino de un test sobre qué marco de protección tiene el profesorado cuando choca con su dirección.
La Xunta ha insistido en los últimos años en estabilizar plazas mediante concursos de traslado y procesos de consolidación, y algunos pasos se han dado. Pero los colectivos docentes reprochan que el ritmo no acompaña y de que el sistema de sustituciones siga siendo una noria interminable para miles de personas. Mientras esa foto no cambie, sostienen, casos como el que ahora ocupa titulares seguirán repitiéndose con otros nombres y otros municipios.
El caso termina, previsiblemente, en los tribunales, y el fallo sentará algún tipo de precedente. Mientras tanto, la conversación ya está servida en las terrazas y en las salas de profesores de toda Galicia. Porque una cosa es la disciplina dentro de un centro y otra, bien distinta, la suma cero de derechos de quien trabaja cada septiembre con un contrato que caduca en junio.
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