El PSdeG de la provincia de A Coruña ha cargado con dureza contra la decisión de la Xunta de nombrar a Santiago Freire, exalcalde de Noia, como nuevo director territorial de Educación en la provincia. La formación socialista habla de un gesto que evidencia, dicen, «desprecio» hacia la comunidad educativa y que llega en un momento de malestar por las carencias en infraestructuras y los recortes de profesorado que sufren los centros públicos.

La denuncia socialista: investigaciones, chistes y manqueos a las ANPA

En un comunicado hecho público tras el nombramiento, el PSdeG provincial ha subrayado que la elección de Freire se produce «después de sus chistes machistas, después de sus chistes franquistas» y cuando, según los socialistas, el Consello de Contas ha fiscalizado y está investigando los gastos de su etapa como alcalde. El diputado autonómico Aitor Bouza fue quien elevó la crítica en voz más alta, calificando la designación de «irresponsable» para un puesto que, en su opinión, requiere sensibilidad y diálogo con las familias y con la comunidad educativa.

Además de las alusiones a la investigación sobre la gestión municipal, los socialistas recuerdan que la Federación Provincial de ANPA trasladó a la Ejecutiva del PSdeG una «profunda preocupación» por la situación del sistema público en la provincia: centros con obras pendientes, necesidades de mantenimiento sin atender y plantillas de profesorado mermadas por ajustes. En ese contexto, censuran que la Consellería no solo no rectifique, sino que responda con una designación que, dicen, desoye a las familias afectadas.

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“Que la respuesta de la Consellería sea nombrar a Santiago Freire muestra que, en vez de rectificar, desprecia al mundo educativo”, afirmó Aitor Bouza.

Antecedentes y el clima político en la Galicia de Rueda

No es la primera polémica que rodea a figuras procedentes de los ayuntamientos gallegos que dan el salto a la administración autonómica. Cabe recordar que, tras la llegada de Alfonso Rueda al liderazgo de la Xunta, se han sucedido cambios discretos y otras decisiones que han levantado voces críticas desde la oposición. En la práctica, el nombramiento de un exalcalde con investigaciones abiertas remite a debates sobre la ética pública y la gestión del dinero municipal que, en Galicia, siguen siendo asuntos sensibles para amplios sectores de la sociedad.

En el panorama local de la comarca de Barbanza y de la ría de Noia, Freire mantiene apoyos y detractores. Quienes defienden su trayectoria arguyen experiencia en la gestión local y conocimiento del territorio; sus adversarios recuerdan episodios públicos controvertidos y una relación tensa con colectivos educativos. La tensión entre la Xunta y las ANPA es hoy palpable: las asociaciones de padres han denunciado en reuniones provinciales la falta de interlocución por parte del anterior director territorial, una queja que los socialistas han utilizado para subrayar la gravedad del nuevo nombramiento.

Repercusiones en el sector educativo y próximos pasos

Las consecuencias políticas y administrativas no tardaron en llegar. El PSdeG exige que la Consellería de Educación abandone lo que califica de «actitud de desatención y soberbia», recupere el diálogo con las ANPA y sitúe en el centro de sus decisiones las necesidades del alumnado y del profesorado. En la práctica, esa exigencia supone reclamar reuniones urgentes, transparencia sobre la investigación del Consello de Contas y garantías de que las obras y refuerzos de plantilla pendientes serán priorizados.

En el Parlamento de Galicia, los socialistas avanzan que vigilarán el desempeño de Freire y que no descartan solicitar explicaciones formales en comisión. La oposición ve en el nombramiento una señal de por dónde quiere continuar el gobierno de Rueda en materia educativa: una apuesta por cargos de perfil conservador y por personas procedentes de la estructura municipal del Partido Popular, en lugar de por perfiles surgidos del propio sector educativo.

Para las ANPA, la cuestión es sobre todo práctica. Las familias demandan soluciones a problemas concretos: filtraciones en techos, calefacciones deficientes, insuficiencia de materias y profesorado en aulas con ratios elevadas. Si el nuevo director territorial no consigue restablecer canales de comunicación y ofrecer respuestas tangibles, la crispación podría traducirse en movilizaciones locales o en la multiplicación de reclamaciones ante la administración.

La sombra del Consello de Contas añade una dimensión jurídica al debate. Aunque una investigación contable no equivale a una condena, políticamente pesa. En Galicia, donde la transparencia en la gestión municipal ha sido objeto de escrutinio público —recordemos sonadas auditorías y la sensibilidad ciudadana hacia el buen uso de los fondos locales—, el Ejecutivo autonómico se expone a un desgaste si opta por la inmediatez de un nombramiento polémico en lugar de buscar perfiles que reduzcan el conflicto.

Mirando hacia adelante, la actitud que adopte la Xunta en los próximos meses será determinante. Si el nombramiento se acompaña de una política activa de diálogo, inversiones en obras urgentes y refuerzo de plantillas, la tensión podría mitigarse. Si, por el contrario, la consellería mantiene una línea de escasa apertura hacia las familias y los centros, el malestar social puede traducirse en desgaste político para el gobierno autonómico en una provincia clave como la de A Coruña.

En Noia y en otras localidades de la provincia siguen siendo tangibles las preocupaciones cotidianas de las comunidades educativas. La discusión sobre quién gestiona y con qué criterios no es solo un episodio político: afecta a aulas, a proyectos de centro y al día a día de docentes y familias. La próxima cita será la capacidad de la Consellería de demostrar con hechos que la prioridad son las necesidades del alumnado y no únicamente la construcción de un mapa de cargos con afinidad política.