En la primavera de 1994, la Xunta presidida por Manuel Fraga lanzó una apuesta pública por la exploración petrolífera que todavía hoy se recuerda como una mezcla de ambición política y cálculo económico. El 2 de mayo de 1994 se aprobó el Decreto 105/1994 para constituir Galioil, S.A., y entre octubre de aquel año y enero de 1995 se perforó frente a Viana do Castelo, en una zona que se estimó —con optimismo— que podría albergar hasta seis mil millones de barriles. La experiencia terminó sin hallar el yacimiento esperado y con una factura pública que rondó los 700 millones de pesetas de la época.

La perforación que cambió la conversación pública

La maquinaria se puso en marcha con la contratación de las empresas especializadas Global Marine, Taurus y Oliexpo España y con la plataforma bautizada como Kingsnortha. Los trabajos llegaron hasta una profundidad de 2.853 metros en el lecho marino, siguiendo estudios sísmicos que situaban un objetivo principal entre Fisterra y la desembocadura del Miño, rozando aguas portuguesas. Para la Xunta era entonces una operación de Estado: una posibilidad de reducir la dependencia energética y, no menos importante, un proyecto con fuerte carga simbólica para el Gobierno autonómico.

Quien pilotó la ejecución fue el entonces conselleiro de Industria, Antonio Couceiro, figura que recuerda con franqueza la mezcla de expectativa y limitación presupuestaria que marcó la operación. Como él mismo explicó años después, la Xunta no contaba con recursos para convertir la búsqueda en una campaña amplia y sostenida: hubo dinero «para perforar una vez».

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«Nuestra consellería solo tenía inversión para perforar una vez», dijo Couceiro, añadiendo que «nosotros no éramos una compañía petrolífera: solo teníamos una pequeña oportunidad».

La perforación detectó indicios prometedores —»arenas bituminosas» que levantaron expectativas en el equipo técnico— pero el pozo finalmente no rindió el petróleo esperado. La posibilidad de que solo hiciera falta un segundo, tercero o cuarto intento para dar con un yacimiento no pudo contemplarse por la limitación financiera: la Xunta no estaba en condiciones de asumir el coste de múltiples sondeos como hace una petrolera internacional.

Por qué Galicia se embarcó en la fiebre petrolífera

La decisión no surgió en el vacío. Tras las crisis energéticas de los años setenta, numerosos gobiernos europeos exploraron cualquier atajo posible para asegurarse suministros: la búsqueda de hidrocarburos dejó de ser una quimera técnica para convertirse en una estrategia de Estado. Fraga, conocido en la calle como el «león de Vilalba», tenía predilección por proyectos de gran calado que reforzasen la imagen de su Ejecutivo y la idea de una Galicia que aspiraba a mayor autonomía económica.

En el terreno local, la promesa de riqueza rápida caló con facilidad. En municipios costeros se llegó a fantasear públicamente con un paisaje donde los ayuntamientos recibirían ingresos que cambiarían el signo de inversiones y servicios; en la jerga popular se habló incluso de alcaldes convertidos en «jeques». Ese relato conciliaba ambición y nostalgia: las comarcas que habían sufrido la reconversión industrial y la crisis del mar veían en el petróleo una posibilidad de retorno económico rápido.

Sin embargo, la campaña tuvo también un fuerte componente de marketing político. Las prospecciones estaban fundamentadas en datos sísmicos y geológicos, sí, pero la incertidumbre técnica era alta. Hoy se recuerda aquella operación como una lección sobre cómo la expectativa política puede adelantarse a la realidad geológica. El chapapote —imagen recurrente cuando se habla de petróleo— puso además sobre la mesa un debate que entonces tuvo escasa voz pública: los riesgos ambientales y el impacto sobre la pesca y el turismo costero.

Lecciones políticas, económicas y medioambientales

La experiencia de Galioil deja varias enseñanzas. La más evidente es la limitación que impone la naturaleza misma de la exploración petrolífera: hallar un yacimiento rentable puede necesitar varios intentos, una capacidad económica y técnica que solo grandes compañías poseen. Galicia, entonces, financió una sola tentativa y asumió el coste político del fracaso. Los 700 millones de pesetas que se gastaron no sólo supusieron una pérdida financiera, sino una inversión simbólica cuyo retorno fue sobre todo pedagógico.

En clave contemporánea, la historia se lee con otros ojos. Con la transición energética en la agenda europea y el debate sobre prospecciones hidrocarburíferas muy vivo, aquel episodio aporta cautela: la región aprendió la fragilidad de mezclar promesas electorales con proyectos extractivos sin una evaluación de riesgos robusta y sin margen financiero para sucesivas perforaciones. Además, puso sobre la mesa la necesidad de diálogo con sectores locales como la pesca, tan sensible frente a cualquier riesgo en el litoral gallego.

A falta de un nuevo impulso científico-tecnológico que cambie radicalmente la ecuación, el balance de aquel intento sigue siendo el de una inversión local limitada en un negocio global. Si una gran compañía acierta en uno de diez pozos recupera la inversión; una Xunta no puede permitirse esa estadística. Por eso la historia de Galioil sirve también como recordatorio para gobiernos y administraciones: las grandes apuestas estratégicas requieren análisis de riesgo, respaldo financiero a largo plazo y, sobre todo, claridad con la ciudadanía.

Hoy, a tres décadas de aquella perforación frente a Viana do Castelo, el episodio permanece en la memoria colectiva gallega como una combinación de ambición y realidad técnica. No se encontró el maná petrolífero soñado, pero la operación dejó un aprendizaje: las políticas energéticas regionales han de construirse con más prudencia técnica y consenso social, sobre todo en una costa que vive del mar y que no puede arriesgar su ecosistema por un sueño que, a menudo, no llega a materializarse.