La vivienda sube aunque no haya quien la habite

En parroquias donde el silencio es más largo que el eco, los precios de la vivienda no bajan. Suben. Aunque las escuelas cierren, los comercios echen el cierre y los entierros superen a los bautizos. En municipios que pierden vecinos año tras año, el metro cuadrado encarece como si estuvieran de moda. Nadie se lo explica. O sí.

Despoblación y precios en tensión

Quien pasee por comarcas como A Terra de Caldelas o A Ulloa no verá atascos. Tampoco colas en el supermercado. Pero si pregunta por un piso en venta, se llevará una sorpresa. Los datos del último informe del Colegio de Arquitectos de Galicia no dejan lugar a equívocos: en más de una docena de concellos que han perdido al menos un 10 % de su población en la última década, los precios de la vivienda libre han subido entre un 8 % y un 14 % en los últimos doce meses. En algunos casos, más.

Una persona investigada por la causa que analiza las compras de viviendas por fondos extranjeros reconoció ante la justicia que no se busca tanto al comprador final como al activo inmobiliario como tal. No importa si el inmueble está ocupado, ni siquiera si está en pie. Lo que cuenta es la titularidad. Este enfoque, frío como una losa, explica en parte lo que sucede: los precios no los mueve ya la necesidad de vivir, sino la lógica del capital. En parroquias de Lugo o Ourense donde apenas quedan jóvenes, se registran compras a nombre de sociedades radicadas en paraísos fiscales. No hay mudanza. Solo papel sellado.

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En Xinzo de Limia, un inmueble rehabilitado en el casco antiguo se vendió hace semanas por más de 180 000 euros. No hay hipoteca. Pago al contado. El nuevo dueño no es de aquí. Ni tiene intención de venir. El inmueble seguirá cerrado. La casa, como muchas otras, se convierte en un número en un balance. Nada más.

El rural como refugio de inversión

El fenómeno no es nuevo, pero sí su intensidad. Lo cierto es que desde que las autoridades europeas endurecieron el control sobre los flujos de dinero en las grandes ciudades, muchos inversores han redirigido su atención hacia municipios pequeños. El precio de entrada es menor, el control administrativo más laxo y, en muchos casos, la presión urbanística casi inexistente. Comprar una casa en un concello de menos de 5 000 habitantes no levanta sospechas. Aunque se compren cinco el mismo día.

Fuentes judiciales coinciden en que el patrón es recurrente: adquisiciones a través de sociedades instrumentales, sin actividad económica real, cuyos beneficiarios finales son difíciles de rastrear. No siempre hay delito. Pero sí opacidad. Y mientras tanto, el vecino de toda la vida que quiere ampliar la casa de sus padres se encuentra con que el solar colindante, vacío desde los años 80, ahora cuesta el doble. “No hay oferta, pero tampoco demanda real”, dice un técnico del sector inmobiliario en Pontevedra. “Lo que hay es especulación disfrazada de oportunidad turística”.

El argumento del turismo rural como justificación para la subida de precios no cuela en muchos lugares. En concellos donde no hay albergues, ni señalización, ni rutas marcadas, aparecen viviendas con precios de ciudad de costa. En A Pobra do Brollón, por ejemplo, una aldea con menos de trescientos habitantes, se han registrado tres ventas en seis meses. Ninguna de ellas vinculada a residentes. Ninguna destinada a vivienda habitual.

Administraciones atrapadas en la paradoja

Los ayuntamientos pequeños, por su parte, están en un callejón sin salida. Por un lado, agradecen que haya interés en su territorio. La llegada de inversores, aunque sea fría, puede reactivar el cadáver de una rehabilitación, generar algún empleo, incluso aumentar algo los ingresos por impuestos. Pero por otro, ven cómo sus vecinos más jóvenes se ven expulsados del mercado. “Nosotros no tenemos suelo barato. Ni siquiera tenemos suelo”, lamentó un alto cargo municipal en Saviñao. “Y ahora, hasta el que queda viejo se encarece”.

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